El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se cumplen 46 años del traumático golpe de Estado cívico- eclesiástico- militar que instauró la dictadura en nuestro país.
Este aniversario es una ocasión importante para seguir fortaleciendo el compromiso de la Universidad con la construcción de una cultura democrática respetuosa de los derechos humanos. Tal como se concluyó en la CRES 2018, desde U.N.C.P.B.A. reafirmamos que “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”. Esto nos alienta y exhorta a continuar un camino de construcción democrática e inclusiva.
A su vez, este año, esta fecha reviste especial relevancia porque nos encuentra transitando un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región de influencia de la Universidad
Los delitos de lesa humanidad acontecidos en el marco de la dictadura cívico militar que se juzgan son los cometidos en los siguientes Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: La Huerta, La Quinta de los Mendez, Instituto Superior de Enseñanza Rural, Comisaría Primera de Tandil, Comisaría Segunda de Tandil, Unidad Penal N°7 de Azul y Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de Azul.
En nuestra Universidad estamos transitando un proceso de institucionalización, de acciones y de formación a las/os docentes y a las/os alumnas/os en materia de derechos humanos que encuentra con el inicio de este juicio por delitos de lesa humanidad una oportunidad de profundizar dicho camino.
Es importante destacar que la Universidad ha asumido un fuerte compromiso institucional, dentro del campo de los derechos humanos, con los juicios por delitos de lesa humanidad.
El imperativo de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación ante las violaciones de derechos humanos que sufrió la comunidad regional y de la cual la universidad no ha resultado ajena sobre todo si tenemos en cuenta que en este juicio se tratan casos de estudiantes de la U.N.C.P.B.A. que han sido víctimas del terrorismo de estado, nos impulsa a trabajar esta instancia del proceso judicial como herramienta pedagógica regional.
Desde el retorno de la democracia en Argentina, las universidades públicas han generado espacios de trabajo, de docencia, de vinculación territorial y de investigación sensibles a la agenda de los derechos humanos, entendiendo la responsabilidad que tiene esta institución en la construcción de ciudadanías universitarias con potencial crítico y comprometido.
