Vejez y Políticas Sociales
Desde hace varias décadas la humanidad entera se ha cuestionado sobre aspectos que hacen a la vejez y al proceso de envejecimiento, con el objetivo de comprender la realidad social en la cual estamos inmersos y hacia donde se dirigen los cambios.
Nuestro país, entendido como parte de un proceso mayor que tiene que ver con su pertenencia a una realidad más amplia latinoamericana y mundial, no escapa del contexto que se dio en llamar proceso de envejecimiento mundial producto entre otras condicionantes, de aquello que a mediados del siglo XX se conoce como transición demográfica (proceso, que a grandes rasgos, refleja el pasaje de altos niveles de mortalidad y natalidad, hacia bajos niveles de ambos). Según datos extraídos del INDEC, puede afirmarse que Argentina es un país envejecido, ya que el número de personas de sesenta años es mucho mayor a lo que se denomina población económicamente activa. A su vez esta situación crece constantemente cada año. Si se analizan los datos obtenidos para la ciudad de Tandil, según el censo 2010, presenta una sociedad envejecida, ya que de un total de la población de 123.871 habitantes, el 13% de la población tiene más de 65 años y más.
Este aumento en la cantidad de población adulta mayor, conjuntamente con el aumento de la esperanza de vida, da lugar a que en la actualidad la satisfacción de necesidades de los adultos mayores no se ligue solo a lo material (alimentación, vivienda, salud, entre otras), sino también a otro tipo de necesidades que años atrás no eran consideradas tanto por las investigaciones, los especialistas en vejez, la sociedad ni estaban como prioridad en la agenda política, tales como: la necesidad de recrearse, de divertirse, de sentirse útiles, de participar en las decisiones políticas y de mantener, crear y recrear redes sociales, todo lo cual contribuye de manera importante en el mejoramiento de la calidad de vida en todos sus aspectos.
En este sentido, los diferentes Organismos Internacionales han reconocido la importancia de tales necesidades, mediante el establecimiento de normas que estipulan que los derechos de los adultos mayores van más allá de las necesidades materiales, como son los “Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de edad”, dictados en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1991. Allí se establecen los conceptos independencia, participación, atención, autorrealización y dignidad, cambiando de esta manera la forma en que se entiende y se trabaja con la vejez.
Esta situación generó un cambio en la manera de entender no solo a la vejez sino la manera desde donde el Estado/ Organismos Estatales se vinculan con los Adultos Mayores. Ejemplo concreto de esta situación son las líneas de acción plateadas desde la conducción de PAMI- INSSJP (1), que intentan no sólo trabajar la parte médica, brindando el acceso al derecho de la salud desde la inclusión, sino que se aborda el envejecimiento desde la concepción de prevención y promoción de la vejez activa. El objetivo de esta política es brindar prestaciones preventivas, logrando la participación e integración del Adulto Mayor como ciudadano en su realidad social. Las líneas de acción que direccionan y sustentan estas políticas están vinculadas a las concepciones de envejecimiento Activo, Educación para la Salud y Derechos y Ciudadanía. Está destinado a aquellos Adultos Mayores con distintos grados de dependencia funcional e imposibilidad del contexto socio familiar no sólo por recursos económicos insuficientes, sino para brindarle acompañamiento en actividades de la vida diaria, contemplando también cuidados personales.
Estas políticas públicas vinculadas al cuidado de la salud en un sentido amplio, vienen a completar el rol activo que el Estado Argentino ha tenido en esta última década, promoviendo la mayor inclusión previsional que se conozca en los últimos 50 años, y que vino a reemplazar la lógica de mercado impuesta en el cambio estructural de 1993 que llevó los índices de cobertura previsional a su más bajo nivel. Efectivamente, los albores del siglo XXI, encontraron a la Argentina con su sistema previsional privatizado, en donde menos del 50 % de los que estaban en condiciones de jubilarse podían hacerlo.
El Programa de Inclusión Previsional del año 2005 permitió la incorporación de poco menos de dos millones de ciudadanos argentinos al beneficio jubilatorio, a través de los programas de jubilaciones anticipadas y por moratoria. Este acto de ampliación de derechos a una población duramente golpeada por las políticas de exclusión laboral de décadas anteriores, vino a completarse con la Ley N° 26.425 que finalizó con el régimen de capitalización y por tanto con la lógica de mercado, para dar paso al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) único régimen previsional publico financiado a través de un sistema solidario de reparto.
Hoy, a diferencia de una década atrás, cerca del 90 % de personas en edad de jubilarse por el sistema contributivo, puede hacerlo. A esta política de ampliación de derechos se suma el sistema de pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que viene a cubrir a aquellos que quedaron excluidos del sistema contributivo y otras razones sociales.
Generalmente cuando se habla de problemas en la vejez, siempre están presentes temas como ingresos insuficientes, pérdida de vínculos significativos, disminución de oportunidades de participación, inseguridad, maltrato, violencia, insuficiencia e inestabilidad de servicios asistenciales y previsionales, etc.
Sin duda nuestro país ha encarado en el Siglo del Bicentenario de la Patria la resolución de muchos de estos problemas siguiendo los parámetros internacionales y bajo la concepción de sujetos de derechos a través de políticas activas llevadas adelante por los diferentes organismos nacionales como son PAMI y ANSES.
Notas:
1. PAMI (Por una Argentina con Mayores Integrados). INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales con Mayores Integrados).
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