Política y gratuidad
Podría decirse que hoy el arancelamiento no es un tema. Es más, me resulta raro estar escribiendo sobre la gratuidad, esa característica de nuestra educación pública que un día, a mediados del siglo XX, se extendió a la universidad para convertirse en derecho, en bandera de lucha y, exageradamente, en un principio. También fue leyenda, muchos creyeron durante mucho tiempo que la gratuidad había sido una conquista de la Reforma del ’18. Tanto fue y vino la cuestión de la gratuidad y su amenaza, el arancelamiento, que terminó en el mismísimo texto de la Constitución Nacional cuando la reformaron en 1994. Paradójicamente la incorporación al texto constitucional fue completamente defensiva, una pulseada de convencionales por que fue durante esos años cuando más se presionó sobre la gratuidad para que ceda su lugar a algún tipo de arancelamiento.
La intención del sistema político en los años noventa fue más pretenciosa, porque lo que había detrás de las presiones para arancelar no era sólo una cuestión presupuestaria, que existía en la medida en que las políticas neoliberales tenían como cuestión importante, la reducción del gasto público. La ley de Educación Superior intentó ser un instrumento para lograr aquel objetivo de política económica que tenía también su capítulo de educación superior. La síntesis perfecta estuvo en palabras de la consultora FIEL, entre otros actores relevantes de aquellos tiempos: Al no haber un mercado en serio, la educación superior está condenada a la baja calidad. El Estado no invierte lo suficiente porque no puede seguir gastando como gasta…, por lo tanto las universidades estatales no pueden lograr, sin los recursos imprescindibles, niveles de calidad. Las universidades privadas, frente al dumping que hacen las estatales que no cobran sus servicios y tienen prestigio, no pueden cobrar los aranceles que debieran y terminan, también, desfinanciadas.
Los instrumentos de la LES para impulsar condiciones de mercado era, la posibilidad de cobrar por lo servicios, la intangibilidad de los recursos presupuestarios provenientes del tesoro, la evaluación que tenía por objeto calificar los productos de la Universidad para propiciar la competencia y así obligar a las que están en peores condiciones a buscar fondos –en el mercado, claro- para financiar las mejoras.
La resistencia de la comunidad universitaria y la implementación de la CONEAU con una agenda internamente impuesta por los miembros del directorio provenientes de la universidad pública, desmanteló aquellas intenciones y hoy, si bien la ley no ha cambiado, el ejercicio de las acreditaciones, por ejemplo, implica un compromiso del Estado que no le permite observar desde afuera las idas y venidas del mercado.
Ya hace bastante tiempo que dejaron de sonar aquellas esforzadas argumentaciones que extraían de la asociación entre “gratuidad” y “equidad” el menoscabo de ambas. Es que desde 2003 hasta aquí pasaron muchas cosas y, entre ellas, ya no nos escandaliza, no al menos a una parte mayoritaria del pueblo argentino, que el Estado ofrezca cosas gratis sin necesidad de pedirle a todos los destinatarios un certificado de pobreza; en cambio les reconoce la posesión de un derecho, por aquello de Evita, ¿no? sobre la correlación entre las necesidades y los derechos. Pero hay que estar atento, porque muy cerca de aquí, en Chile que tantas veces se nos presenta como modelo en diversos temas, un presidente decía, al referirse a estos temas, que nada es gratis, y de este lado de la cordillera hay cacerolas que suenan porque sus dueños no soportan cosas como la asignación universal por hijo. ¿Tañerán algún día de estos, también en contra de la gratuidad universitaria? Quizás no porque la gratuidad universitaria es todavía y en gran medida, una cuestión que atañe a la clase media.
Los más pobres todavía tienen muchas dificultades para acceder a la universidad aunque durante estos años se ha hecho mucho. Toda la inversión en la educación primaria y secundaria mejora las posibilidades de los sectores de menores recursos, los programas de becas, inéditos por su cantidad y por la importancia de los estipendios, también. La creación de universidades en donde aún no las había pone más cerca de poder estudiar a los que trabajan y viven lejos de las universidades tradicionales. Pero algo debe estar del todo claro, el arancelamiento sólo distanciaría más a la universidad de los sectores populares y no resolvería ninguna cuestión de equidad que no pueda zanjarse aún mejor con impuestos progresivos.
Así y todo, aún cuando no se habla de arancelamiento y a la gratuidad la cuidamos todos, quedan algunas cosas pendientes: la educación a distancia se cobra, salvo contadísimas excepciones, y en la medida en que es una parte importante de la universidad del futuro, debería merecer la misma gratuidad que el grado presencial. Las carreras de ciclo complementario se cobran, en gran medida, se cobran muchas de las carreras desarrolladas en Centros Regionales o en extensiones áulicas (se cobran y no se respetan, muchas veces, estándares mínimos de calidad) y los posgrados también se cobran. En este último punto, es impensable financiar todo y no sería tampoco necesario ni criterioso, pero sí deberían ofrecerse gratis las carreras que forman investigadores y profesores universitarios o las que forman cuadros para la administración estatal, o las que se declaren prioritarias, imagino que periódicamente, para el desarrollo de la investigación, la industria, la sociedad y la cultura. El mercado no ha resuelto estas cuestiones y es necesario identificar y atender adecuadamente las áreas de vacancia por temas y por regiones.
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