Marco internacional de la crisis de 2001
La situación internacional de 2001 es consecuencia directa de acontecimientos y procesos que se produjeron en las últimas tres décadas del siglo XX. Sin lugar a dudas, en el ámbito político, el suceso más trascendente fue la implosión y desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que dejó de existir formalmente en 1991. Este hecho ocasionó el nacimiento de un nuevo orden mundial caracterizado, entre otras cuestiones, por la emergencia de Estados Unidos como la potencia hegemónica, el primer poder verdaderamente mundial de la historia, que en función de sus intereses económicos más concentrados, y sin importar que el presidente fuera demócrata o republicano, impulsó la apertura de mercados a través de la firma de tratados de libre comercio (TLCAN, ALCA), presionó para que los países implementaran políticas neoliberales y reforzó su presencia militar en el mundo con el fin de controlar los recursos naturales imprescindibles para mantener su estructura económica -fundamentalmente energéticos-, que eran disputados por otras potencias como la Unión Europea, Rusia o China. La Guerra del Golfo de 1990-91, la intervención militar en el conflicto de la ex Yugoslavia en 1999, la multiplicación de bases militares en la zona del Gofo Pérsico y Asía Central, la guerra contra Afganistán en 2001, entre otros acontecimientos, demostraban una estrategia tendiente a incrementar la militarización y fortalecer una situación de unipolaridad.
Los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas y al Pentágono acentuaron las tendencias preexistentes. A partir de ese momento, la política internacional del presidente George W. Bush (2001-2009) estuvo orientada a combatir a la gran amenaza global, el terrorismo internacional, mediante la construcción de coaliciones flexibles y de ataques militares preventivos. Esta mirada unilateral que reafirmaba el accionar preventivo y ofensivo tendía a desestabilizar el sistema internacional con graves consecuencias para todos los Estados, particularmente los más débiles, debido a la inobservancia de las premisas del derecho internacional.
En este contexto de guerra global contra el terrorismo, América latina quedó fuera de las prioridades de Washington, salvo las puntuales excepciones de México, Colombia y Cuba que permanecieron siempre dentro de la agenda por razones de distinto orden. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la región, se tradujo en el incremento de presupuesto para el Plan Colombia, en la creación de la Iniciativa Andina Antidrogas y en las presiones para que se aumentaran los controles “en conjunto” sobre la Triple Frontera, donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay, considerada por el Pentágono como una zona de peligro potencial.
En el ámbito económico la caída del bloque socialista a principios de la década de los noventa intensificó la globalización del capitalismo. Los flujos de comercio de bienes y servicios y sobre todo de capitales financieros, se incrementaron gracias a la difusión de las políticas de liberalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías -como la informática y las telecomunicaciones- que permitieron realizar operaciones en tiempo real las 24 horas en cualquier parte del mundo. De las operaciones en los mercados cambiarios, 95% correspondía a movimientos financieros y sólo 5% a cancelación de transacciones reales de comercio de bienes y servicios e inversiones privadas directas. El vertiginoso desarrollo de los mercados financieros globales, aceleró a su vez los procesos de acumulación y concentración de capitales, beneficiando a aquellos países, corporaciones y redes financieras que tenían condiciones para trasladar sus capitales de acuerdo con su lógica de acumulación (RAPOPORT, 2005). Esta primacía del capital financiero estuvo legitimada y alentada por el Consenso de Washington (1989) quien instaló la idea de que los mercados liberados de la injerencia del estado, optimizaban la asignación eficiente de los recursos.
Los movimientos especulativos de capital cada vez más disociados del sector productivo gestaron una “economía virtual” que afectó especialmente a los países receptores de inversiones y fondos especulativos como los latinoamericanos, en los que se instaló una situación de volatilidad e inestabilidad crónicas que poco tenían que ver con el desarrollo sustentable. La vulnerabilidad de las economías nacionales quedó en evidencia durante las crisis financieras que sacudieron el sistema internacional en 1994 (México), 1997 (sudeste asiático), 1998 (Rusia), 1999 (Brasil) y 2001 (Argentina), las cuales provocaron el re direccionamiento de las inversiones extranjeras hacia destinos más seguros. Frente a esta situación, los países latinoamericanos tuvieron que ajustarse a una mayor restricción financiera ya que la caída en el ingreso de capitales se conjugó con la persistencia de importantes transferencias al exterior en concepto de pagos del servicio de la deuda y remisión de utilidades de inversiones.
La creciente turbulencia en el sistema financiero internacional, ocasionó que en el año 2001 se registrara la primera declinación del volumen del comercio mundial de mercancías desde 1982 y la primera disminución de la producción mundial de mercancías desde 1991. El crecimiento del PIB mundial fue de sólo el 1% como resultado de la excesiva disminución de los gastos en productos de tecnología de la información, y de la inesperada gran reducción de la demanda en Europa Occidental y en los Estados Unidos.
Con la intensión de evitar una mayor recesión, en noviembre se inició en Doha (Qatar) la cuarta ronda comercial en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el compromiso de avanzar en la progresiva liberalización de los intercambios. A pesar de las expectativas, no hubo avances en la liberalización del comercio agrícola, tema especialmente sensible para los países menos desarrollados que trataban de obtener un acceso libre de obstáculos para sus producciones de origen agrícola en los mercados de los países centrales. Los países desarrollados se negaron a reducir la ayuda que daban a los productores y a las exportaciones vía subsidios, y frenaron las negociaciones.
En el marco de la Ronda de Doha, en diciembre de 2001, y después de 15 años de negociaciones, China ingresó a la OMC incorporándose plenamente al mercado mundial y acelerando su participación en el intercambio de bienes y servicios. Este acontecimiento y el inusitado crecimiento de su economía a una tasa media anual del 10%, convirtieron a China en un actor crucial en la recuperación económica mundial en general, y en la latinoamericana, en particular. Durante la primera década del siglo XXI, los países de América del Sur se transformaron en importantes proveedores de productos primarios y de manufacturas basadas en recursos naturales para ese mercado asiático, lo cual junto al aumento del precio de las commodities, les permitió acumular un superávit creciente y sostener un importante crecimiento económico.
Para América Latina, el año 2001 fue un año difícil debido a la retracción de la economía y la huida de capitales. La deuda externa, la extranjerización de sus economías, la redistribución regresiva de los ingresos, la concentración económica y el incremento del desempleo y la pobreza eran características que se venían acentuando en las últimas tres décadas producto de la implementación de severos ajustes y reformas estructurales según lo estipulaban las consignas del neoliberalismo, defendidas y difundidas por el bloque vencedor de la Guerra Fría y las elites nacionales, con amplio respaldo de los organismos multilaterales de crédito.
La economía internacional y el endeudamiento externo existente desde la década de los 70, habían posicionado al FMI y al Banco Mundial como protagonistas permanentes de la formulación y gestión de la política económica de estos países. La política económica de los países latinoamericanos, en mayor o menor medida, se formulaba, condicionaba o monitoreaba desde el exterior limitando el rango de autonomía. Estas políticas atedian de forma preferente -cuando no excluyente-, el pago de la deuda externa, sacrificando en función de ello, las verdaderas políticas de desarrollo nacional.
Estos desequilibrios y dificultades internas se agudizaron o se pusieron al descubierto ante el deterioro del marco externo. De este modo, América latina mostró un crecimiento del PBI de apenas 1,2% en el año 2001 -cifra que equivale a una contracción del producto por habitante de 1,1%-, un balance de bienes y servicios negativo (-237.329 millones de dólares), y un decrecimiento acentuado de la inversión extranjera que se profundizará en el 2002. Como consecuencia de la desaceleración de la economía, los países de la región sufrieron un aumento de la pobreza (43,2%), de la indigencia (18,5%) y del desempleo que alcanzó una de las mayores tasas observadas en los últimos diez años (17,4%).
Las desbastadoras consecuencias económicas y sociales que se venían evidenciando desde fines de los noventa, y que se incrementarían en el contexto de la crisis económica financiera internacional provocarían en los años siguientes una ola de protestas populares contra el proceso de globalización y las políticas del Consenso de Washington que ocasionarían profundas crisis económicas, sociales e institucionales. Para el año 2001 ya existían expresiones contundentes de los movimientos sociales contra la globalización y la hegemonía neoliberal, como las manifestaciones contra la Cumbre de la OMC en Seattle en 1999, la realización del Foro Social Mundial en 2001, el posicionamiento del Partido dos Trabalhadores (PT) en Brasil, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las movilizaciones que desataron la “Guerra del Agua” en Bolivia, el presidente venezolano Hugo Chávez que desde 1999 impulsaba una Revolución Bolivariana, y el movimiento indígena en Ecuador que había provocado la destitución del presidente Jamil Mahuad en el año 2000.
Los procesos y acontecimientos presentados sintéticamente hasta aquí, demuestran que las recurrentes crisis del sistema capitalista internacional potenciaron los desequilibrios y las vulnerabilidades derivados de las reformas estructurales implementadas en la década del noventa. Esta situación provocó que los países de la región presentaran un progresivo rechazo al neoliberalismo y un creciente sentimiento “anti-norteamericano”, y posibilitó la emergencia de nuevos gobiernos de carácter progresista que plantearían modelos de desarrollo alternativos.
Bibliografía
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