Sociedad
6 de diciembre de 2011

La crisis del 2001, una visión retrospectiva

Dr. Daniel HOYOS MALDONADO

2001, la crisis... Ante tal frase un universo de imágenes, como en un caleidoscopio, desfilará frente a nuestros ojos. Seguramente se despertarán cientos de recuerdos, sensaciones, sentimientos y pensamientos en torno a aquel inolvidable período de nuestra historia reciente.

Al evocar la denominada “crisis del 2001” no se debe olvidar la fuerte interrelación de la economía con las dimensiones política, social e institucional que, a su vez, conforman su marco contextual.

Con frecuencia se asocia el término “crisis” con la idea de ruptura o, incluso, de punto de inflexión. Esta concepción, probablemente, sea heredada de la medicina hipocrática. Esta última empleaba tal concepto para calificar el momento decisivo a partir del cual se definía la suerte final de un paciente. Ahora bien, en economía, tal concepto está asociado a procesos y la crisis del 2001, indudablemente, ingresa dentro de esta última categoría.

A diez años de tales eventos, resultaría útil repasar sintéticamente ciertos hechos relevantes de aquel período e identificar las cuentas pendientes que, en nuestra opinión, han quedado irresolutas.

Desde mediados del año 2000, la economía argentina parecía encontrarse en un proceso de “caída libre”. Resulta evidente que influyeron en tal comportamiento, los negativos impactos de las crisis asiática (1997) y rusa (1998) con su consecuente secuela sobre el nivel de demanda del principal socio comercial argentino, Brasil (enero de 1999).

Ahora bien, es necesario notar que no sólo el contexto internacional fue responsable del deterioro económico argentino sino que se pueden identificar importantes factores internos (políticos y fiscales) que ayudaron a conformar un entorno económico muy adverso.

Así, se pueden destacar, en el plano fiscal, el intento de incrementar la presión impositiva y el crecimiento sostenido del déficit gubernamental, tanto en el nivel federal como en el ámbito provincial (a fines del 2000, sólo 6 jurisdicciones ostentaban un resultado financiero positivo). Estos factores sumados al débil liderazgo político -menoscabado desde la renuncia del vicepresidente Álvarez– amplificaron las tendencias contractivas de la economía argentina.

La consecuencia fue un endeudamiento público creciente que pesó, cada vez más, sobre un agobiado sector privado. Esta mayor deuda pública reflejaba, por un lado, los resultados deficitarios y, por otro, la creciente tasa de interés, indicativa de la probabilidad del default.

En tal contexto, a fines de 2000, el gobierno anunció el denominado “blindaje financiero” con el declamado fin de mejorar las expectativas y la confianza sobre sus finanzas. Sin embargo, ante la ineficacia de las medidas económicas adoptadas en 2001 y, luego, de la reducción de la calificación crediticia de Argentina (en julio) y de la colocación compulsiva de deuda entre ciertos agentes locales (por ejemplo, AFJP), la sensación de la proximidad de un default se extendió notablemente. Con ello, se difundió el temor hacia una eventual apropiación gubernamental de los depósitos bancarios nominados en dólares, lo que derivó en una corrida generalizada contra el sistema financiero.

Para abreviar, el blindaje fracasó, se declaró el default de la deuda soberana y el gobierno, ya en 2002 reprogramó y “pesificó” los depósitos bancarios. Finalmente, en los primeros días del 2002, feneció la convertibilidad monetaria. Las derivaciones de tal proceso no sólo se reflejaron en la economía local sino que, también, impactaron en las dimensiones social e institucional.

Concretamente, fruto de tal proceso recrudecieron la pobreza y la indigencia. De acuerdo con los guarismos oficiales, a fines de 2001, el 35.4% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza, el registro más elevado desde mayo de 1990 luego del segundo episodio hiperinflacionario. Idéntico comentario puede formularse respecto a la indigencia que involucró al 12.2% de la población. Indudablemente, contribuyeron a esta situación los elevados niveles de desempleo (18.3%) y de subempleo (16.3%).

Por su parte, la fragilidad institucional se exteriorizó en la caída del presidente y en la debilidad política de sus inmediatos sucesores. Esta circunstancia se reflejó en una elevada volatilidad normativa que impactó negativamente sobre el derecho de propiedad y debilitó la aplicabilidad de los contratos. En el frente interno, las manifestaciones más evidentes de este fenómeno fueron la instauración del denominado “corralito” financiero, la pesificación de las obligaciones establecidas en moneda extranjera y la suspensión de la vigencia de ciertas cláusulas contractuales que regulaban los servicios públicos.

De tal experiencia se pueden extraer, al menos, dos importantes lecciones. En primer lugar, las inconsistencias fiscales afectan al conjunto de la economía acarreando graves consecuencias, tanto en el plano social como en el institucional. En segundo término, la ausencia de un claro liderazgo conjugado con una compleja estructura federal resultó en un esquema político que careció de la suficiente fuerza y flexibilidad para brindar las respuestas adecuadas frente a la emergencia fiscal.

Tomando en cuenta lo expresado previamente, considero que aún hoy existen ciertas cuestiones, relevantes en aquella crisis, cuya revisión fue minimizada debido a la evolución posterior de la economía argentina.

Entre tales puntos se destaca el marcado carácter procíclico de las finanzas públicas, sesgo que necesariamente debe ser corregido. La estructura tributaria (prácticamente idéntica a la de 2001) provoca que, en períodos de auge económico, la recaudación impositiva sobrerreaccione alentando la expansión del gasto público. En tanto, los períodos de contracción muestran un gasto inflexible a la baja acompañado de una recaudación que sobrerreacciona negativamente, acrecentando los niveles de déficit fiscal.

Tal fenómeno podría contrarrestarse modificando tal estructura impositiva e implementando un conjunto de reglas macrofiscales (en forma similar a otros países) que brinden previsibilidad al comportamiento de las cuentas públicas. Adicionalmente, la adopción de un marco estable, conforme con lo dispuesto por la Constitución Nacional, que regule la relación financiera entre los gobiernos provinciales y el federal sería un imprescindible condimento. Estos puntos fueron reconocidos por la mayoría del sistema político argentino, en 2002, a través de la ratificación del “Acuerdo Nación Provincias sobre relación financiera y bases de un régimen de coparticipación federal de impuestos”.

Concluyendo, la crisis del 2001 marcó fuertemente a la economía y a la sociedad argentina. A diez años de aquellos acontecimientos, se advierte que ciertas políticas públicas (por ejemplo, las relativas al endeudamiento) constituyen una respuesta refleja a dicha historia. Sin embargo, como se señaló previamente, aún quedan cuestiones relevantes por resolver asociadas a aquel aciago período.

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Dr. Daniel HOYOS MALDONADO:
Facultad de Ciencias Económicas, UNICEN.
Contacto: dahoyosm [at] gmail [dot] com