Kosteki y Santillán: crisis, represión y asesinato de dos militantes sociales
Los años 2001 y 2002 parecen haber sido para una gran parte de la sociedad argentina, una etapa de grandes desilusiones originadas en una profunda crisis económica y un conjunto de promesas incumplidas por parte del gobierno de la Alianza. Esta desilusión agravada por la situación económica, generó una aguda crisis política que llevaría tiempo superar.
Luego de la renuncia de Fernando De la Rúa y del período que se conoce como la semana de los cinco presidentes, es elegido para ejercer el cargo máximo del Poder Ejecutivo, Eduardo Alberto Duhalde. Lo que la sociedad esperaba del nuevo gobierno era una respuesta a la crisis económica -expresada en una creciente desocupación, la inmovilidad de los depósitos también llamada corralito y las dificultades para el financiamiento del Estado- junto a una reversión de la inestabilidad política que se hacía evidente a través de violencia callejera, las dificultades para designar autoridades interinas y las críticas de la ciudadanía a los dirigentes políticos.
Duhalde asume en un marco de ilegitimidad de origen bastante pronunciado (1) que deberá revertir en la medida de sus posibilidades, de manera urgente. En el plano político, su objetivo fue la reconstrucción de la autoridad legítima para lo cual apeló a la búsqueda amplia de consensos. En este sentido, al extendido respaldo partidario inicial que tenía en la Asamblea Legislativa (2) intentó sumar apoyos en la sociedad civil tratando de consensuar un programa político a desarrollar. Una de sus iniciativas fue la convocatoria al Diálogo Argentino, una asamblea constituida por representantes de intereses sectoriales que debían proponer un conjunto de soluciones políticas consensuadas que se constituiría en el programa de gobierno del Presidente Duhalde. En otras palabras, la idea era lograr redactar un listado de propuestas que, emanadas de un fuerte consenso, fueran aplicables, que dieran una orientación al gobierno y que, fundamentalmente, dieran una fuerte legitimidad a las autoridades surgidas de la crisis política heredada de De la Rúa.
Sin embargo el problema de legitimidad política, aunque importante en términos institucionales, no era de los más acuciantes ni urgentes. En efecto, los problemas de índole económica junto a los problemas de orden social requerían atención urgente y eran determinantes de la suerte del gobierno. Había que ir encontrando soluciones para ambos frentes y esperar que se dieran resultados positivos a lo largo del tiempo, pero luego de frustradas las esperanzas que había generado el gobierno de la Alianza, el tiempo era un componente escaso en la política argentina.
En el aspecto económico Duhalde se enfrentaba a tres problemas graves y urgentes; decidir qué hacer con la denominada Convertibilidad, una ley que establecía la paridad uno a uno entre el peso y el dólar; qué hacer con el corralito, es decir con la prohibición de retirar los depósitos bancarios por parte de los ahorristas y cómo poner a la economía en el camino del crecimiento. Respecto del primer problema, su ministro de economía Jorge Remes Lenicov sugirió, y así se hizo, derogar la Convertibilidad estableciendo una paridad de un dólar a uno con cuarenta de la moneda local. En lo referido al crecimiento económico, Duhalde pensaba que era ineludible la ayuda del FMI y los organismos multilaterales de crédito y estos prestaban ayuda financiera a cambio de programas de reforma de la economía y acotamiento del gasto publico. En lo que respecta al problema del corralito, la solución propuesta por el ministro de economía –ya que resultaba imposible soportar una corrida bancaria- era devolver los depósitos en bonos del Estado. Esto recordaba demasiado al Plan Bonex de Erman González, quién confiscó los depósitos a plazo fijo a cambio de bonos del estado que vencían una década más tarde. El desgaste sufrido por el ministro a causa de las primeras consecuencias de la pesificación, es decir la transformación de contratos y préstamos pactados en dólares a pesos, a lo que se agregó el rechazo generalizado del plan para eliminar el corralito, terminó en su renuncia.
Duhalde impulsó a Alieto Guadagni como reemplazo, ya que se preveía que sería una figura cuyo perfil resultaría aceptable para el FMI y los organismos financieros internacionales. Los principales referentes del Peronismo rechazaron la propuesta y el Presidente se quedó sin candidatos de perfil ortodoxo que quisieran aceptar el cargo de ministro de economía o que fueran aceptados por los gobernadores peronistas. Surge así la figura de Roberto Lavagna, de ideas heterodoxas, quién impulsará una expansión del gasto público con el objeto de estimular la economía.
En el aspecto social, desde el momento mismo de la asunción, el Dr. Duhalde, debió enfrentar un panorama muy crítico. Más allá de los efectos de la crisis económica que elevaban los índices de desocupación, pobreza e indigencia a cifras astronómicas, surgía como fenómeno nuevo un tipo de ruidosa movilización callejera llamada, “cacerolazo”. Estas movilizaciones se hacían ya cuando De la Rúa era presidente y manifestaban el descontento por el corralito, por la política económica y pedían incrementos salariales o de montos en planes sociales; lo novedoso del fenómeno eran sus ideas que se expresaban en dos de sus consignas: “que se vayan todos” y ”piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Había en este movimiento una convergencia de sectores trabajadores desocupados, trabajadores que temían perder su trabajo, clases medias afectadas por la crisis y ahorristas que pedían la eliminación del corralito. Desde un primer momento la situación de Duhalde con el movimiento piquetero fue tensa, ya hacia fines de enero una enorme movilización que llenó la Plaza de Mayo coreaba “Pan, trabajo, Duhalde al carajo” (http://www.lanacion.com.ar/369989 ) El gobierno no carecía de vasos comunicantes con los sectores desocupados y empobrecidos; existía una extensa red de referentes en villas y barrios pobres denominada “manzaneras” que obedecían al liderazgo de la primera dama Hilda “Chiche” Duhalde. Esto probablemente tensó la relación del gobierno con los piqueteros ya que en ese heterogéneo movimiento se estaba compitiendo para ver cuál sería el grupo más importante y la existencia de las “manzaneras” seguramente agudizaba la competencia.
A principios de febrero de 2002, un particular mata de un balazo a un piquetero en Esteban Echeverría, unos días después algunos medios –el diario La Nación entre ellos (http://www.lanacion.com.ar/373630)- alentaban la represión del movimiento a través de notas editoriales en las que se preguntaban cómo el Estado podía permitir semejante violación a los derechos ciudadanos de libre tránsito por el territorio nacional. En los primeros días de marzo, en declaraciones a la prensa, el presidente afirmo que no se podía gobernar sobre la base del asambleismo y pidió bajar la conflictividad social. En abril siguiente el líder piquetero Luis D’Elía rechazó la creación de un cuerpo de elite dentro de la policía bonaerense -los “Paleros”- para encargarse de la seguridad en actos de protesta piquetera. En la primera semana de junio el diario La Nación informaba que el ejército tenía un plan de represión preparado desde hacía algunos meses para proteger objetivos estratégicos de la conflictividad social. Esta enumeración de hechos evidencia que a medida que transcurrían los meses, el clima político respecto del movimiento piquetero se enrarecía y comenzaban a sobrevolar los planes represivos.
En medio de este clima, se produce el 26 de junio de 2002 la llamada Masacre de Avellaneda hecho en el cuál efectivos de la policía bonaerense reprimieron en conjunto con otras fuerzas armadas, un corte en el Puente Pueyrredón. Los enfrentamientos comenzaron cuando la policía intentó detener el avance de los que protestaban, quienes rápidamente se dispersaron, siendo perseguidos con disparos de municiones de goma. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por la policía bonaerense en el hall de la estación ferroviaria de Avellaneda. El jefe a cargo del operativo, Comisario Franchiotti aseguró a la prensa que el asesinato se produjo a raíz de un enfrentamiento entre los mismos piqueteros, que la policía no había utilizado balas metálicas y que los uniformados se habían defendido de un ataque previamente organizado. Un testigo aseguró luego que vio cómo varios manifestantes arrojaban armas al Riachuelo y un colectivero afirmó que varios piqueteros tomaron su vehículo con armas largas y lo quemaron con bombas molotov. Con el correr de los días se descubrió que la policía había utilizado perdigones y balas de plomo, que el jefe del operativo estaba implicado de manera directa en el asesinato de Kosteki y Santillán y que no existía tal ataque organizado.
Las consecuencias políticas no tardaron en hacerse sentir. En el corto plazo la caída de la cúpula de la policía de la Provincia de Buenos Aires y una crisis política para el gobierno nacional, ya que los hechos recordaban demasiado a los del 20 de diciembre cuando debió renunciar De la Rúa, fueron las primeras consecuencias. En el largo plazo, el adelantamiento de las elecciones –debe recordarse que el gobierno de Duhalde debía cumplir con el mandato inconcluso del gobierno de la Alianza- junto a la promesa del presidente de no ser candidato, obedecía no sólo a los hechos de coyuntura sino también a la falta de respuesta a los problemas sociales y económicos a los que se agregaba su falta de legitimidad. Lo que no se podía prever era que tan solo unos meses más tarde, hacia la primavera de 2002, las políticas implementadas por el ministerio de economía, de devaluación y expansión del gasto público, comenzaban a rendir su primeros frutos en lo que la prensa calificó como un posible y corto “veranito”. Pero los tiempos políticos se habían acelerado y nuevos sucesos encaminados a la elección de nuevas autoridades, preanunciaban el inicio de una nueva época en la historia nacional.
Notas:
1. Recuérdese que luego de la renuncia del Dr. De la Rúa -al estar vacante el cargo de vicepresidente por la renuncia, tiempo atrás de Carlos Alvarez- debe buscarse sucesor en los presidentes de las cámaras legislativas y luego de renunciados estos, en virtud de la Ley de Acefalía, en un representante elegido por la Asamblea Legislativa, que eligió a Adolfo Rodríguez Saa primero y a Eduardo Duhalde luego. Este proceso se desarrollo en el marco de fuertes protestas de la población que exigía “Que se vayan todos”
2. Fue electo Presidente con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones.
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