Gobierno electrónico: ¿receta mágica o ejercicio de ciudadanía?
Acaloradas discusiones políticas en las redes sociales. Cadenas de mails para la recolección de firmas y avales en pos de una causa. Solicitadas de adhesión o repudio. Foros de debate. Comunidades virtuales que reclaman derechos políticos (como sucedió con las asociaciones de chilenos residentes en el exterior, que reivindicaban su derecho a sufragio). Votaciones electrónicas para decidir desde la ejecución de presupuestos participativos a la ubicación de los contenedores de basura en el barrio. Muchas y diversas son las formas de involucramiento en la “cosa pública” que han encontrado sus caminos entre los nodos de internet.
La bibliografía especializada coincide en señalar que la implementación de las tecnologías digitales en distintos ámbitos de la vida, con su morfología de redes y sus características de interconectividad e interactividad, está transformando sustancialmente nuestras maneras de relacionarnos, de educarnos, de expresarnos y, también, de gobernarnos.
En relación con este último punto, la celebración del Día Internacional de Internet y los objetivos de los organismos internacionales en torno de la Sociedad de la Información y del Conocimiento brindan un buen pretexto para reflexionar acerca de los modos en que se han incorporado las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) al campo de la gestión pública y de las relaciones entre gobernados y gobernantes.
Las primeras referencias a la idea de gobierno electrónico surgen en la década de los ’90 en Estados Unidos, de la mano del llamado New Public Management (modelo de la Nueva Gestión Pública) que, imbuido de las ideas neoliberales de achicamiento del Estado y del Estado-empresa, buscaba dar respuestas teñidas de eficientismo a la reconocida crisis de representatividad –valga la redundancia- de la democracia representativa. Así proliferó el “modelo gerencial” de incorporación de las TICs a la Administración Pública. Paralelamente iría cobrando fuerza el modelo “democrático participativo”, que convocaba al fortalecimiento de una democracia participativa frente a las citadas falencias del sistema representativo tradicional, con la utopía de la Asamblea Permanente vía internet como luz de llegada. A las promesas de eficiencia, mejora en la calidad de los servicios y transparencia en el acceso a la información pública se sumaron acciones tendientes a propiciar la descentralización administrativa del Estado y la participación de comunidades locales en los procesos de toma de decisión. La ejecución de presupuestos participativos es uno de los ejemplos más sobresalientes en este sentido.
A partir de la ampliación de los actores individuales e institucionales involucrados en la gestión de lo público fue tomando forma la idea de gobernanza electrónica, cada vez más orientada a generar acciones concretas de involucramiento de distintos actores de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones que afectan al “bien común”.
Ahora bien, ¿qué tipo de ciudadano/a es el que resulta interpelado por estas transformaciones en el ámbito del Estado? La diversidad de las experiencias concretas y el desarrollo incipiente o nulo en muchos casos dificultan las generalizaciones. Investigaciones como las realizadas por el equipo de Ester Kaufman, especialista en el tema de Gobierno Electrónico en América Latina, han venido señalando que las implementaciones efectivas de los medios electrónicos en las instancias gubernamentales estuvieron en muchos casos más centradas en las obligaciones que en los derechos ciudadanos (por ejemplo, con fines recaudatorios), aunque se han logrado avances significativos en lo que respecta al acceso a la información pública (no sin resistencias, fundadas en toda una herencia de la práctica del secreto de Estado). El principal desafío reside en la generación de espacios de interactividad con la ciudadanía y la apertura a la participación previendo qué se hará con esa participación, cómo y hasta dónde se dará lugar a la decisión directa de las comunidades locales y de qué manera se lo articulará con los canales representativos tradicionales.
Por otro lado, la ciudadanía digital ha seguido sus propios caminos, algunos inscriptos en el marco de estructuras gubernamentales (uno de los casos tomado como paradigmático es el de las redes ciudadanas del Ayuntamiento de Barcelona) y en otros por los vericuetos más irreverentes y menos reglamentados del ciberactivismo, la contrainformación y la denuncia.
Es menester señalar que la discusión sobre la participación ciudadana a través de internet no puede darse sin tener en cuenta los modos de exclusión en los que intervienen, paradójicamente, estas formas de inclusión e involucramiento. La llamada brecha digital se superpone y atraviesa a las otras brechas, más analógicas y tangibles del acceso a bienes y servicios básicos para la supervivencia, generando un mapa fragmentado por las desigualdades.
En pos de las buenas intenciones y del cumplimiento de las normativas internacionales, muchas veces se implementan políticas tendientes al achicamiento de la brecha digital basadas sobre la mera compra de tecnología, como si poner a las personas en contacto con computadoras resolviera mágicamente las desigualdades. Puede ser un comienzo, pero la discusión sobre la brecha digital atañe más que al acceso; involucra cuestiones de alfabetización digital, de acceso público y de formulación de políticas desvinculadas de los intereses económicos de la industria informática que puedan considerar las múltiples formas de tecnologías electrónicas de bajo costo que ya están siendo ampliamente utilizadas por los llamados “infopobres”, como los dispositivos de telefonía móvil. Optimizar esos caminos en lugar de reforzar los ya existentes es uno de los principales retos a la hora de pensar la inclusión digital.
Queda para las ciencias sociales el desafío de aportar una mirada más cercana a las apropiaciones y los usos concretos, las resistencias y los abandonos, las estrategias en la combinación de modos presenciales y virtuales de los y las ciudadanos/as en su vinculación con el Estado, para contribuir a la formulación de políticas públicas que trasciendan la aplicación de “recetas”. Y el otro desafío consiste en situar la cuestión de la ciudadanía digital en términos del ejercicio de la ciudadanía, así a secas, sin apellidos.
© Todos los derechos reservados.