Frente al agravamiento de la situación presupuestaria que afronta el Sistema Educativo Nacional en su conjunto y las Universidades Nacionales en particular, el Rectorado y Consejeros Superiores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires hacen pública su profunda preocupación al tiempo que advierten sobre las graves implicancias que tendrá para el desarrollo de nuestro país la profundización de la situación actual. El futuro de la Nación con soberanía y bienestar para su pueblo, está íntimamente ligado a la educación, la ciencia y la tecnología, pilares que las condiciones actuales y las previstas hasta aquí para el año entrante, ponen en serio riesgo.
El creciente desfinanciamiento del Sistema Educativo, consecuencia de políticas de reducción del déficit centradas exclusivamente en la reducción del gasto público, y acrecentadas luego de la firma del memorando de entendimiento con el FMI, se hace día a día más evidente. Por un lado, en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de su personal frente a la escalada inflacionaria, ya sea por el hoy ya insuficiente acuerdo del 15% alcanzado por los trabajadores Nodocentes, como en la falta de acuerdo paritario para el sector Docente, para el cual se sostiene un techo similar al mencionado, inviable ante la realidad actual. El Consejo Superior de esta Universidad ha expresado con anterioridad su firme apoyo a estos reclamos salariales, en tanto hacen a la dignidad del trabajo Docente y Nodocente, y acompaña hoy la lucha gremial por el reconocimiento de salarios justos que equiparen, al menos, una inflación que a nadie escapa superará largamente el 30% para el presente año.
Por otro lado, los presupuestos de funcionamiento de todas las Universidades Nacionales, y el de esta en particular, se han visto drásticamente reducidos en términos reales, ya sea por la no ejecución de partidas previstas en los presupuestos 2017 y especialmente 2018, como así también por su falta de actualización durante el mismo periodo, mientras que las erogaciones de la institución se han visto sustancialmente incrementadas por una inflación que ha tenido como principales determinantes, una fuerte devaluación y el violento aumento de los servicios públicos. Resulta necesario aquí, elevar una voz de alerta en tanto, de sostenerse la situación actual, la institución verá seriamente comprometidas sus posibilidades de afrontar y garantizar sus objetivos de docencia, investigación, extensión y vinculación con la sociedad que sus estatutos y su esencia fundacional le marcan.
Argentina es Educación Pública, señala la consigna. Y la hace propia esta Universidad que ha abrazado decididamente en el discurso, y cumplido cabalmente en los hechos, las consignas de la Reforma de 1918, que celebra cada día el no arancelamiento de 1949 y que apoya convencida, las conclusiones de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, al reafirmar que la Educación Superior es un bien público y social, un derecho humano y un deber de los Estados y que estos principios se fundan en la convicción profunda que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración social solidaria latinoamericana y caribeña.
Sin embargo, y a pesar del amplísimo consenso que lo antes mencionado tiene en todos los estamentos de la sociedad argentina, a la fecha los esfuerzos para revertir la situación presupuestaria, realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional y por grupos de rectores ante las más altas autoridades del gobierno y referentes del oficialismo y la oposición en el parlamento, han resultado infructuosos, al igual que los innumerables reclamos realizados por la comunidad universitaria a lo largo y a lo ancho del país.
Frente a esta realidad que pone en riesgo el futuro del Sistema Universitario en su conjunto y obstaculiza su accionar como motor de transformación social, reclamamos a las autoridades del Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional en su conjunto, se arbitren las medidas que permitan una urgente solución a las cuestiones salariales de los trabajadores Docentes y Nodocentes y al mismo tiempo se garantice el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución del Presupuesto 2018 aprobado por ley y su efectiva actualización para el 2019, todo ello en el marco del diálogo y búsqueda de consensos, condiciones que debe asegurar el Estado Nacional, como único instrumento válido en democracia para dirimir los conflictos.
