Durante dos años, las universidades hemos advertido sobre el fuerte recorte que venimos sufriendo en nuestro financiamiento, de una magnitud que pone en riesgo su propio futuro y, en consecuencia, todo lo que la Universidad pública representa para los argentinos. En un contexto de desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, sin obras imprescindibles, con gastos de funcionamiento cada vez más acotados, becas estudiantiles que no se actualizan y salarios de sus trabajadores que han perdido al 31 de enero un 51,59% de su valor real consideramos que ley 27795, sancionada en 2025 por el Congreso de la Nación revirtiendo el veto presidencial, representa una respuesta responsable que garantiza la protección, el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes, y debe ser puesta en vigencia de manera inmediata.
Esta ley fue el producto de los reclamos de la comunidad universitaria, pero no hubiera sido posible sin el respaldo de una fuerte mayoría del arco político en el Congreso Nacional y por sobre todo, por el acompañamiento de la sociedad, que estuvo junto a su universidad en cada marcha realizada en defensa de la educación universitaria pública y no arancelada.
Ante la negativa del Poder Ejecutivo nacional de cumplir con lo establecido en ella, la ley se encuentra hoy judicializada desde el Consejo Interuniversitario Nacional y la enorme mayoría de las Universidades Públicas, a partir de la presentación de un amparo, proceso judicial en el que se dictó una medida cautelar que ordena cumplir con el incremento inmediato de los salarios y las becas estudiantiles, lo que también se encuentra sin ejecución por el recurso de apelación presentado por el Poder Ejecutivo.
Luego de transitar este camino, abrigando la esperanza de haber encontrado una respuesta a las necesidades del sistema universitario, asistimos hoy a la presentación por parte del Poder Ejecutivo de una reforma de la ley ya votada por el congreso, con modificaciones que la vacían de contenido y no aportan ninguna solución a las dificultades de las Universidades.
Por lo expuesto, y en total acuerdo con el reciente comunicado del CIN, es que reclamamos, plenamente convencidos de su valor para el desarrollo de una nación pujante y soberana, la puesta en vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como fue votada por el Congreso de la Nación.
Tandil, 23 de febrero de 2026
Rectorado y Decanas/os de todas las Unidades Académicas de la UNICEN
