Memoria, Quinta de los Méndez: una historia que llega hasta el presente

El sábado, en la Quinta de los Méndez, hubo palas, rastrillos, motosierras y gente trabajando. Un día después de que la Provincia de Buenos Aires formalizara la toma de posesión del inmueble, más de medio centenar de personas —vecinos, militantes, estudiantes, docentes y nodocentes de la UNICEN y referentes territoriales y políticos— se acercaron al predio para comenzar las tareas de limpieza y reacondicionamiento.

No fue una jornada más. Bajo el sol de primavera, quienes conocen Tandil volvieron a encontrarse con esa porción de las sierras que, detrás de los paisajes postales y la exclusividad inmobiliaria, guarda una de las marcas más dolorosas de la represión clandestina en la región. Esta vez, sin embargo, la escena era otra: el lugar que durante décadas estuvo asociado al silencio comenzaba a ser intervenido colectivamente para convertirse en un espacio público de memoria, salud y comunidad.

Tras la toma de posesión encabezada por la Provincia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, la jornada comunitaria de puesta en valor dio el puntapié inicial para la reconversión de la ex Quinta de los Méndez. La UNICEN también forma parte de ese recorrido, a través de su Área de Derechos Humanos ha sostenido durante años el acompañamiento a los procesos de memoria, verdad y justicia de la región, junto a sobrevivientes, organismos y organizaciones sociales. La recuperación del predio abre ahora una nueva etapa para ese compromiso, en un proyecto que busca enlazar la memoria del terrorismo de Estado con las necesidades del presente.

La actividad sintetizó el desembarco definitivo del Estado y la sociedad civil organizada en un territorio que durante décadas representó el silencio y la impunidad de la represión clandestina en el centro bonaerense. En el centro de esa jornada, las palabras del subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno, trazaron el recorrido que hizo posible este desembarco.

La restitución de la finca no es un hecho fortuito ni una decisión aislada: es el resultado de un proceso judicial y político que se reactivó con la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. Todo comenzó cuando se presentaron las primeras querellas —entre ellas la que investigó el secuestro y asesinato de su padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno— y se sucedieron distintas instancias judiciales, desde la sentencia del Caso Moreno en 2012 hasta los juicios de Monte Pelloni I y II en Olavarría y el histórico desarrollo del Megajuicio La Huerta (2022-2025).

Sin embargo, para que esa verdad probada en los estrados se tradujera en soberanía territorial, la decisión política de la gestión bonaerense resultó determinante. “Lo que no hizo la justicia, lo hizo la política”, aseguró Moreno. La decisión de expropiar el predio, emplazado en una de las zonas urbanas más cotizadas de Tandil, implicó una disputa simbólica y material: arrebatarle a la especulación y a la memoria represiva privada un espacio para devolvérselo a la comunidad. Pero esa voluntad política necesitaba un sentido social anclado en las urgencias del presente. Ese cauce se encontró en una demanda concreta de la comunidad como lo es la problemática del consumo problemático en las juventudes. Así, el proyecto no solo contempla un Centro de Interpretación de la Memoria, sino también un Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, para convertir el lugar en un espacio de contención, encuentro y futuro.

Allí estuvo también la presencia insustituible de los sobrevivientes. En diálogo exclusivo, Walter Fernández, exdetenido-desaparecido y testigo clave que aportó su testimonio en la causa La Huerta, transmitió la emoción de ver mutar la geografía del dolor en una trinchera para la vida. Fernández, el referente político y social, definió la jornada con una profunda emoción: “Feliz... Después de tanto tiempo, poder lograr esto. Cuando hacíamos el video para presentar en Diputados con Matías, me acuerdo que decía: este lugar que fue la muerte, la del dueño, va a ser hoy un lugar de vida, ¿no? Con el Centro de la Memoria, con un lugar para los jóvenes”. Al recordar la batalla que desde hace años sostiene junto a las familias de los barrios frente al avance del consumo problemático, Fernández remarcó el valor reparador de la iniciativa: “Hemos venido peleando mucho con el tema de las adicciones porque vemos día a día cómo hace daño en nuestros pibes, cómo les come la cabeza. Muchas madres se acercaban a la granja a decir: ‘Che, Walter, ¿no hay un lugar en Tandil donde podamos atender a los pibes?’. Y estuvimos ahí de agarrar una casa para intentar algo. Surgió esto y me pone recontra feliz. En un año que no era bueno para mí, porque después de la sentencia del juicio La Huerta, de caminar tanto para terminar con tantas absoluciones... esto es una caricia para el alma”.

Finalmente, enlazó el presente con el hilo histórico de la generación diezmada: “En nombre mío, de mis compañeros, de los que no están... ellos también hubieran querido esto. En la Argentina que soñábamos allá por los 70 era esto: tener estos lugares donde se llenara de jóvenes, de vida, un lugar lindo para poder estar con las sierras de fondo. Feliz, no le puedo pedir más a la vida”.

Para comprender la dimensión de lo ocurrido el fin de semana es preciso volver sobre la historia del inmueble. Ubicada en la zona periurbana de Tandil, la Quinta de los Méndez perteneció a los hermanos Julio y Emilio Méndez. A diferencia de las dependencias pertenecientes a las fuerzas armadas o de seguridad, esta propiedad privada fue cedida voluntariamente por sus dueños para integrarse al circuito represivo de la Subzona 12, bajo la órbita del Comando del I Cuerpo de Ejército.

Durante los años del terrorismo estatal, la casa de campo funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que circularon perseguidos políticos, delegados obreros y militantes regionales. Allí permaneció cautivo en mayo de 1977 el abogado Carlos Alberto Moreno, defensor de los trabajadores de la fábrica de cemento Loma Negra en Olavarría. Moreno logró escapar momentáneamente de sus captores, alertando a vecinos de la zona antes de ser reapresado y posteriormente ejecutado.

En 2012, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dictó una sentencia histórica en la causa por su asesinato: condenó a los mandos militares y a los hermanos Julio y Emilio Méndez, convirtiendo ese fallo en un antecedente relevante por la responsabilidad de civiles en el funcionamiento del circuito represivo clandestino.

Aunque posteriores revisiones en instancias superiores derivaron en fallos controvertidos y absoluciones que generaron amargura entre sobrevivientes y organismos de derechos humanos, los procesos de Monte Pelloni I y II y la megacausa La Huerta dejaron expuesta la trama cívico-militar que operó en la región.

Hoy, la ley de expropiación aprobada por la Legislatura provincial y el trabajo colectivo que comenzó a desmalezar los senderos de la finca sellan un punto de inflexión: la Quinta de los Méndez deja de ser un emblema del silencio privado para convertirse en un territorio público de memoria, salud y dignidad comunitaria.