Cuando una profesión tiene un alcance tal que incide sobre la vida y la integridad de las personas, el Estado tiene una herramienta para sofisticar las evaluaciones sobre el trayecto académico y profesional, que es declararlas de interés público nacional e incorporarlas al artículo Nº 43 de la Ley de Educación Superior.

Esto fue lo que ocurrió recientemente con las carreras de Tecnología y Ciencias de los Alimentos, donde la Facultad de Ingeniería de la UNICEN tuvo un rol activo. Y se traduce en un control sobre contenidos curriculares básicos y la formación a través de la acreditación periódica que efectúa la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), además del establecimiento de las actividades profesionales reservadas exclusivamente para profesionales de esta disciplina.

Realmente es una buena noticia para las 9 Universidades nacionales que dictan carreras de esta disciplina. Si bien una de las tareas del Licenciado en ciencia y tecnología de los alimentos es dirigir y realizar actividades de investigación y desarrollo para la formulación de productos alimenticios inocuos, su tarea finaliza en el momento que alguien lo consume (a partir de allí la órbita pasa a ser médica). Los impulsores de esta iniciativa entienden que hay una pertinencia en tener a componentes alimenticios y sus interacciones como objeto de estudio, pero que también contempla análisis de incidencias diversas en la población, el desarrollo productivo y hasta en la economía de una región.

El recorrido para que la Tecnología en Alimentos sea declarada de interés público comenzó en el 2016. Ese fue el año en el que comenzaron a trabajar representantes de las Universidades de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Lanús, San Luis, Rosario, Comahue y UNICEN. Luego se sumó Hurlingham.