Financiamiento universitario:Marcelo Aba analizó la resolución judicial
El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, analizó el alcance de la reciente resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, que intimó al Estado Nacional a dar cumplimiento a la medida cautelar vinculada con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La resolución establece un plazo de cinco días para que el Estado Nacional dé cumplimiento a lo dispuesto judicialmente y contempla la posibilidad de aplicar una multa diaria ante un eventual incumplimiento. La medida se inscribe en el proceso judicial iniciado a partir de la sanción de la Ley 27.795, que contempla, entre otros aspectos, la recomposición de los salarios del personal docente y nodocente de las universidades nacionales y la actualización de los programas de becas estudiantiles.
En declaraciones a El Eco de Tandil, Aba explicó que la resolución constituye una nueva instancia dentro del proceso judicial y distinguió entre los aspectos salariales alcanzados por la medida cautelar y la discusión más amplia vinculada con el financiamiento del sistema universitario. “Lo que está llegando a su fin con esta intimación del juez es la parte salarial. La cuestión de fondo también la tenemos en la Justicia y no ha hecho todo este recorrido todavía”, señaló el rector.
Aba también se refirió al plazo establecido por la Justicia y a las consecuencias previstas ante un eventual incumplimiento. “Si el miércoles no hay una respuesta por parte del Gobierno, será la Justicia, o el juez directamente en este caso, quien tendrá que determinar cuál es el castigo, la multa que corresponde por no cumplimiento”, explicó.
La Ley 27.795 establece mecanismos de actualización para los salarios docentes y nodocentes de las universidades nacionales y dispone la convocatoria a negociaciones paritarias. Asimismo, contempla la recomposición y actualización de los programas de becas destinados a estudiantes.
En este sentido, el rector señaló que la resolución judicial debe analizarse en el marco de una discusión más amplia sobre las condiciones de financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las normas sancionadas por el Congreso de la Nación. “También marca hacia el Congreso que la Justicia le está diciendo al Poder Ejecutivo que no está cumpliendo con una ley del Congreso”, sostuvo Aba.
La resolución se suma a las distintas instancias judiciales y administrativas que se han desarrollado en torno a la Ley de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, la cuestión comprende tanto las condiciones salariales de sus trabajadores y trabajadoras como los recursos necesarios para sostener sus funciones sustantivas de enseñanza, investigación, extensión, vinculación y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.