Fallo Favorable.La Justicia le dio la razón al CIN y los Rectores

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades públicas y gremios docentes. La resolución ordena al Poder Ejecutivo dictar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de la Ley 27.795.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, hizo lugar a los amparos promovidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con universidades nacionales, representantes docentes y otras instituciones académicas. En una resolución conocida este martes, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para hacer efectiva la norma.

El conflicto se inició en 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.795, destinada a establecer mecanismos para el financiamiento de la educación universitaria. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el Decreto 647/2025, pero ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto con las mayorías constitucionales requeridas y ratificaron el texto aprobado. Posteriormente, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el Decreto 759/2025, incorporando una cláusula que condicionaba su ejecución a las previsiones del artículo 5° de la Ley 24.629 de Administración Financiera.

La Justicia consideró que esa condición impedía la aplicación efectiva de una ley sancionada y ratificada por el Congreso. En consecuencia, declaró inconstitucional la referencia incorporada al decreto y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución alcanza aspectos vinculados con el financiamiento de las universidades, salarios, becas e investigación, entre otros componentes contemplados por la normativa.

Ante esta resolución judicial, el Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) se dirigió a la comunidad universitaria para comunicar oficialmente el alcance del fallo y destacar la importancia que tiene para el sistema universitario nacional y aseguró que "Es un fallo muy importante para todo el sistema universitario y para nuestra universidad. Venimos trabajando y luchando desde el CIN con la presentación de la medida cautelar, que ya recorrió todo su camino y hoy debería estar aplicándose. Ahora iniciamos el recorrido sobre la cuestión de fondo para la aplicación de la ley en su totalidad." En el mismo sentido señalo que el fallo conocido este martes resuelve precisamente esa cuestión de fondo y ordena al Ejecutivo avanzar con las medidas necesarias para la ejecución de la ley. La sentencia señala que la incorporación de la cláusula cuestionada había funcionado, en la práctica, como un obstáculo para la vigencia efectiva de una norma aprobada por el Congreso.

La sentencia también incorporó acuerdos alcanzados en junio de 2026 entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y nodocentes. Entre ellos se contempló una actualización salarial del 24,33% en dos tramos, una recomposición del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades, una partida especial de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

El fallo constituye ahora un nuevo paso en el proceso iniciado por el sistema universitario para lograr la aplicación integral de la ley. La resolución judicial establece que el Poder Ejecutivo debe dictar las normas reglamentarias y de ejecución necesarias para garantizar el flujo de los recursos previstos por la legislación.

Finalmente, el rector Marcelo Aba afirmó que "Seguiremos acompañando este proceso con la expectativa de que, a la brevedad posible, toda la ley en su conjunto esté siendo aplicada como corresponde desde el momento en que fue emitida por el Congreso de la Nación."