Soberanía Alimentaria y Agricultura Familiar en Argentina

La soberanía alimentaria es un  eje central de la lucha por el desarrollo que, desde 1996 cuando se instala en la agenda mundial,   convoca  a sectores crecientes de la sociedad. Constituye el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y Estados a controlar sus alimentos y sus Sistemas Alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada ciudadano alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados.

Esta visión incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio de alimentos,  tanto a nivel nacional como internacional;  implica también  una nueva  “revolución agrícola” pensada en función de los grandes intereses nacionales,  lo que conlleva a profundas transformaciones socioeconómicos y políticas. La soberanía alimentaria  enfatiza  la importancia  de la producción local y sustentable, el respeto por los derechos humanos,  precios justos para los alimentos y la agricultura, comercio justo entre países y la salvaguarda de nuestros bienes comunes, patrimonio de toda la sociedad,  contra la  apropiación y privatización.

Quienes gobiernan, quienes elaboran las políticas y la mayoría de los habitantes de las ciudades no conocen cómo se producen sus alimentos,  ni  la existencia de sistemas alimentarios que puedan hacerlo en forma más sustentable. Contra lo que  se afirma, no son las grandes empresas las que alimentan el mundo, sino las redes campesinas formadas por 500 millones de familias.

Más del 70% de la comida que consume la humanidad es resultado del trabajo de pequeñas unidades de producción: 15-20% proviene de la “agricultura urbana”; 10-15 % de la caza y recolección; 5-10% de la pesca artesanal; 35-50 % de parcelas agrícolas de pequeña superficie. En el 20-30% de la tierra arable cosechan el 60-70%  de los cultivos alimentarios; utiliza menos del 20% de los combustibles fósiles y 30% del agua destinada para usos agrícolas. Nutre y usa la biodiversidad de manera sostenible y es responsable de la mayor parte del 85% de los alimentos que se producen y consumen dentro de las fronteras nacionales.

El “Año Internacional de la Agricultura Familiar” -2014-  designado por las Naciones Unidas,  constituye  una  oportunidad  para mejorar la compresión  del papel que juegan los agricultores familiares en la erradicación del hambre y la conservación de los recursos naturales, elementos centrales del desarrollo económica, ecológica, social, cultural, política y éticamente sustentable  que la sociedad mundial y nacional requiere. También para reflexionar acerca de las políticas necesarias para potenciar las capacidades de los sistemas productivos basados en el trabajo familiar.

“Agricultura familiar” es un término genérico que incluye a diversos actores: campesinos, pueblos  indígenas, recolectores, pastores, pescadores y acuicultores artesanales.   En nuestro país el concepto agricultor o productor  “familiar” hace tradicionalmente referencia a quien dirige la unidad de explotación agropecuaria-EAP, trabaja directamente en ella, y –a diferencia de las empresas- no contrata trabajadores asalariados permanentes y cuenta  con dotación limitada de tierra, agua y capital. Incluye  a productores agrarios que  han recibido y reciben denominaciones tales como: pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, etc.,  que si bien no expresan exactamente lo mismo, hacen referencia al activo rol de la familia en la producción y el trabajo.

Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, el 4% de los propietarios concentra más del 50% de la tierra agraria y las dos terceras partes de las explotaciones –pequeñas explotaciones familiares-  ocupan el 13%  (23,5 millones de ha.) de la superficie  agropecuaria total  y dan empleo permanente al 53%  de los trabajadores permanentes del agro y generan  el 19% del valor bruto de la producción agropecuaria nacional.  Teniendo en cuenta la incidencia de los rubros exportables en ese valor, resulta significativa su participación en la producción de alimentos para el consumo interno.

Una mirada más atenta permite distinguir la heterogeneidad  existente: en la disponibilidad y tenencia de recursos; en el lugar de residencia y en la  cultura;   en sus variados sistemas  y estrategias productivas; en sus  niveles de organización,   participación en los mercados y en la sociedad. Por razones operativas se reconocen tres Tipos de “pequeños agricultores”,  de los cuales el 79 %  tiene serias dificultades para mantenerse en la producción. Esto ocurre especialmente con el Tipo 3 (52% de los  agricultores familiares) que requieren otra fuente de ingresos (trabajo fuera de la explotación, planes o subsidios públicos) para salir de la pobreza.

Por ese motivo,  es  incorrecto reducir el reclamo de una “política diferenciada”  a fin de terminar con la discriminación que experimenta en las políticas públicas,  en relación  a las empresas;   la diferenciación  debe  también considerar  políticas específicas que tengan en cuenta la heterogeneidad existente en las agriculturas familiares; el Tipo 1, más capitalizado, puede evolucionar en otro contexto de políticas de mercado; los Tipos 2 y 3,  requieren además cambios de carácter estructural.

No alcanza con  “hacer visible” a la agricultura familiar,  hay que cambiar radicalmente las políticas públicas, la institucionalidad y los recursos económicos asignados,  a fin de  transformarla en una alternativa cierta para alcanzar la soberanía alimentaria. Para ello se requiere debatir las características de la transición que nos permita  transformar un Sistema Agroalimentario -concentrado y extranjerizado- en otro que permita a los ciudadanos definir cómo, porqué,   para qué y quienes   deben producir sus alimentos.

Es necesaria una mayor apertura intelectual,  creciente disposición para escuchar,  a fin de ir proponiendo alternativas a las reivindicaciones de una sociedad cada día más consumista, pero también con mayor conciencia de sus derechos. Para ello hace falta un Estado distinto, más eficiente, con ideas y prácticas innovadoras orientadas al logro de un modelo de desarrollo sustentable; un Estado capaz de producir una efectiva distribución de la riqueza y fortalecer las condiciones para la integración social.

“Necesitamos una manera de avanzar que suponga la misma novedad que la Revolución Verde, pero que responda a las necesidades de hoy en día; no podemos usar la misma herramienta para responder a un reto diferente. Así las cosas, la búsqueda actual es la de sistemas agrícolas verdaderamente sostenibles que puedan satisfacer las necesidades futuras de alimentos del mundo. Y nada se acerca más al paradigma de la producción sostenible de alimentos que la agricultura familiar” (J.G. da Silva,  director de la FAO).

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