La Universidad en los tiempos del primer peronismo. Gratuidad y acceso irrestricto

Los estudios que circulan sobre el gobierno peronista de 1946 a 1955 se han ocupado de analizar el alcance de su gestión en materia de salud, inmigración, urbanismo, vivienda, turismo, economía e industria, sin embargo, a la hora de analizar el tema de la educación se ha reducido –grosso modo- la presentación a dos tipo de aproximaciones: una perspectiva que enfatiza en la democratización, en el sentido de ampliación del número de destinatarios del sistema educativo y aquella que focaliza en las políticas y las prácticas educativas orientadas al adoctrinamiento de la población escolar. Más allá de esas presentaciones que circulan en el ámbito académico, ha sido recurrente que a la hora de hablar de lo educativo en tiempos del peronismo se recupere –sacando de contexto- aquella consigna que enunciaron los trabajadores el 17 de Octubre de 1945: “Alpargatas sí. Libros no”. Queda a los investigadores desandar esos lugares comunes.

Hasta aquí se ha conseguido mostrar que, las iniciativas estatales del primer peronismo en materia de políticas públicas culturales con sentido democratizador promovieron reacciones en el campo intelectual. Puede decirse que las estrategias a las que apeló el gobierno de Perón para cooptar a la intelectualidad como a las que recurrió la intelectualidad antiperonista para responder al régimen generaron marcadas disputas. (1) Eso ha llevado a dar cuenta, de un modo un tanto lineal, de la conflictiva relación entre el régimen peronista y los actores universitarios –tanto docentes como estudiantes-. Tal como se ha señalado, como en toda disputa por espacios de poder, tanto unos como otros creían tener argumentos válidos y suficientes para mantener su postura. Para el oficialismo se trataba de "...arrebatar las facultades de las manos de las élites oligárquico-liberales que se habían instalado en ellas como en cotos privados, ajenos a los intereses mayoritarios", mientras que para la oposición lo que se buscaba era barrer con las conquistas históricas del 18, para poner a la Universidad al servicio del poder.

Asimismo, se ha acordado que, bajo el prisma de la justicia social, la política del régimen consiguió ampliar la capacidad de extensión y cobertura del sistema educativo. Según el Departamento de Estadística Educativa, en el caso específico de la matrícula universitaria, pasó de 40.284 alumnos en 1945 a 138.871 en 1955 (cabe aclarar que este crecimiento sostenido se continuó en la próxima década ya que en 1965 concurrían 206.032 alumnos a las universidades, según la misma fuente). Similares índices de crecimiento se observan tanto en lo que hace al presupuesto de las Universidades Nacionales como en la cantidad de profesores.

Perón inició su gobierno con las universidades intervenidas desde el 30 de abril de 1946, destacando que, para el caso de la UBA, su interventor fue el doctor Oscar Ivanissevich.

Durante ese año, fueron numerosas las cesantías y las renuncias de profesores. De todos modos, la política universitaria del gobierno comienza a tomar forma con la sanción en 1947 de la Ley 13.031, norma por la cual el gobierno de las universidades se convertía en dependencia del Poder Ejecutivo quien tenía a su cargo desde la designación del rector hasta de los profesores catedráticos. Con la constitución de 1949, se le introdujeron algunas modificaciones disponiendo además que, en las universidades “…no se debe trabajar para un partido, para un sector para un grupo, se debe trabajar para la mayor honra del país y la felicidad de todos los argentinos”. Al mismo tiempo, se establecían cursos de formación política, obligatorios y comunes para estudiantes de todas las facultades.

Los claroscuros y matices de la gestión del gobierno de Perón respecto a la vida universitaria fueron evidentes. Si bien esas medidas contrariaban la autonomía de las universidades, por otra parte, no puede obviarse que durante su presidencia se sancionó el decreto 29.337 de gratuidad de la enseñanza universitaria y de ingreso irrestricto. Tal como lo sostuvieron algunos protagonistas de ese acontecimiento en materia de educación, se esperaba que con aquella iniciativa se consiguiera avanzar en la formación de la conciencia nacional de la juventud. La Universidad sería un ámbito de encuentro donde la juventud antiperonista conocería los dramas de la población real al convivir con los hijos de los trabajadores.

Según sus palabras: "el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación". Según lo entendía, al engrandecimiento y auténtico progreso del pueblo radicaba, en gran medida, en el grado de cultura que alcanzaba cada uno de sus miembros. Pese a la persistencia de las altas tasas de deserción en la universidad, y a que no se transformaría de raíz el habitual ingreso a las carreras tradicionales, aquella iniciativa fue sin lugar a dudas el punto de inicio de una nueva experiencia política y cultural para muchos de los jóvenes de los sectores populares. Una experiencia que se enmarcaba en la aventura del ascenso social a partir de la adquisición de un capital cultural. Se reafirmó, una vez más, aquella tradición educativa de tono igualitario que comenzó con la Ley 1420 y su promesa de una escuela abierta a todos los niños y niñas de la república. Se continuó con el hito del Grito de Córdoba de 1918 que representó la contribución más original de América Latina al diseño de un esquema universitario propio. Así, la iniciativa tomada el 22 de noviembre de 1949 fue el signo y el gesto de un gobierno que consideró a la educación universitaria como un derecho social.

Una iniciativa que, a lo largo de los años, quedaría en una zona gris de confusión en la memoria colectiva respecto al momento político en el que esa conquista se hizo efectiva. Por eso puede decirse que, ese acontecimiento invita a la necesidad de revisar históricamente buscando problematizar y no simplificar lo que fue la política en materia de educación universitaria, la vida intelectual y cultural durante aquellos años del gobierno peronista de 1946 a 1955. (2)

Notas:

1. Así, Silvia Sigal sostiene: "[…] hay por lo menos dos puntos de acuerdo entre quienes se han interesado en la relación entre los intelectuales y el primer peronismo. El primero es que casi la totalidad de los escritores, artistas y universitarios liberales y democráticos fueron antiperonistas, el segundo, que si los intelectuales peronistas fueron muy contados, más contados fueron, entre ellos, quienes gozaban de prestigio y reconocimiento en el ámbito de la cultura”. Silvia Sigal, Intelectuales y peronismo en Nueva historia argentina. Tomo VIII. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2002, p.501.
2. En ese sentido un trabajo que va en esa dirección es el de Flavia Fiourucci, Intelectuales y peronismo. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2011.

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