Procesos sociales y crisis del 2001: Cuestión alimentaria e intervención desde la universidad pública

El estallido de Diciembre de 2001 fue un momento de inflexión en los procesos sociales, que requiere caracterizar los momentos que lo precedieron y sus consecuencias. Presentamos aquí una síntesis sobre la cuestión alimentaria y los procesos de intervención de Trabajo Social desde la UNICEN.

La economía de Argentina tenía una desocupación creciente, el desmantelamiento del sector público, la privatización de empresas estatales y la pérdida de derechos laborales. Con lo cual, se conjugó la desocupación y el acrecentamiento de necesidades no reconocidas en el salario, con las deficiencias  en el sistema público de salud, educación, vivienda, previsión. Se produjo una profunda tensión en las instituciones estatales, y en particular en los servicios sociales, donde a mayores demandas se dispone cada vez con menores recursos para cubrir las necesidades.

En materia de políticas alimentarias, la asistencia básica (mínima) formó parte de un nuevo abanico de intervenciones de compensación en el marco de la noción de redes mínimas de protección social (Madrid, 2010).  Los planes y programas con financiamiento público -siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales- agregan requisitos a la población que no tiene recursos económicos para cubrir sus necesidades por la vía del mercado.

A su vez, para la subsistencia, esos sectores buscan organizarse mediante distintas modalidades de autoprotección y, en los años precedentes al estallido, existe un proceso con múltiples formas de resolución de las necesidades.

En Tandil, surge en este proceso, una diversidad de comedores colectivos, huertas familiares, comunitarias y huertas institucionales (escuelas, jardines de infantes, centros de jubilados), producción casera de alimentos y distintos modos de trueque.

Esas formas de organización de la sociedad civil surgen desde distintas prácticas sociales, movimientos o partidos, religiones y/o vinculadas a políticas públicas.

A nivel nacional el PRO-HUERTA (INTA) realizaba desde hacía más de 10 años, la entrega de semillas, capacitación y la formación de promotores comunitarios. Particularmente en Tandil se implementa, desde sus inicios, en articulación con las prácticas de la carrera de Trabajo Social.

El Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados -aunque no es exclusivo para lo alimentario- cumple una función en el desarrollo de varias organizaciones con la llamada “contraprestación” que condiciona la transferencia de ingresos. Las personas que reciben estos ingresos, eran identificadas como “los planes” a diferencia de militantes o voluntarios, debiendo trabajar 4 horas diarias para percibir un ingreso insignificante en relación a la canasta familiar.

Desde 1994, en la provincia de Buenos Aires, el Plan Vida se caracterizó por sostenerse con el trabajo voluntario/militante de mujeres trabajadoras vecinales, denominadas “manzaneras”. Estas mujeres  recibían diariamente las demandas que se multiplicaban y enfrentaban la escasez de los recursos. Entre los años 2000 y 2002, muchas de esas mujeres, convierten sus propias casas en espacios comunitarios de servicios alimentarios, tal es el caso en Tandil, del “comedor de Cacha” en las Tunitas o  “Por una Sonrisa” en Villa Italia.

Por otra parte, motorizados por diversos cultos religiosos funcionaron comedores en las casas de pobladores, como es el caso en el barrio La Movediza del comedor Maná del Cielo, además de los que ya venían funcionando en locales o iglesias de cada culto (católicos, evangélicos, entre otros). Movimientos sociales como la CCC en La Movediza, Villa Italia y Villa Aguirre, o partidos políticos como el Partido Obrero en el barrio Parque La Movediza, también crean comedores en casas o locales durante este momento de crisis económica. Asimismo, surgieron servicios alimentarios en sociedades de fomento en las zonas de Lisandro de la Torre, Villa Italia Norte, Maggiori y San Juan. 
Otras experiencias fueron el comedor de Ña Amanda en Selvetti-Palermo o el Comedor de Lucy en Villa Aguirre, así como, varios intentos efímeros en distintos barrios.

El común denominador fue la falta de insumos, infraestructura y equipamientos, la búsqueda de donaciones, las gestiones en el municipio principalmente por alimentos y gas envasado para cocinar. Las organizaciones funcionaban aisladas entre sí, siendo sus relaciones solo ocasionales, con serios déficit de financiamiento para garantizar todos los días la alimentación que se demandaba.

El municipio no contaba con un área que abordara estas cuestiones repercutiendo en la posibilidad concreta de continuidad de los servicios alimentarios, como así también, de la cantidad y calidad alimentaria en función de las necesidades, con lo cual cada organización encontraba serias dificultades para presentar las demandas, acceder a los recursos del financiamiento público y en caso de ser aprobada una cuota de mercadería, no estaba contemplado el traslado.

No podemos dejar de mencionar que a nivel local se presentaron reclamos de diversas formas individuales o con demandas colectivas. De las primeras podemos enunciar las realizadas todos los días en la Secretaria de Desarrollo Social, o ante diversas organizaciones. Las demandas colectivas fueron numerosas, ya sean promovidas por sindicatos, organizaciones de desocupados, partidos políticos, movimientos sociales (Mallardi, 2009).  

Desde la UNICEN, docentes y estudiantes de la carrera de Trabajo Social, veníamos dando un debate sobre el papel que debíamos cumplir en estos procesos. La cuestión alimentaria entendida como expresión de la “cuestión social”, implica superar una concepción unilateral en el abordaje del problema alimentario y considerar la malnutrición infantil como la manifestación particular de una problemática estructural. En este sentido, considerábamos que la búsqueda de los múltiples determinantes de la problemática alimentaria debía tener como horizonte la superación de aspectos  fenoménicos y superficiales e identificar las mediaciones que lo vinculaban a procesos sociales mayores. En este momento de crisis se problematizan fenómenos que no eran nuevos: la desigualdad en el acceso a la alimentación, en un país productor de gran variedad de alimentos. Ello se evidencia en gran parte de la población imposibilitada de acceder por los mecanismos de mercado a la cantidad y calidad suficiente de alimentos, visualizándose en ese fenómeno la “monotonía alimentaria”. A su vez, las respuestas inmediatistas y/o la educación alimentaria se presentan como único horizonte de las políticas.

Frente a esta caracterización, desde el Grupo de investigación y Acción Social de la Facultad de Ciencias Humanas, se elabora el proyecto Red Socio-Alimentaria en Tandil, logrando financiamiento de la Regione Autónoma Friuli-Venezia- Giulia y la Universitá degli Studi de Trieste (Italia). Se realizó un relevamiento nutricional en escuelas periféricas, donde se evidenció la coexistencia de viejas y nuevas manifestaciones de la cuestión nutricional, es decir, no sólo la denominada desnutrición, sino también el sobrepeso/obesidad.

Paralelamente el proceso de intervención se direcciona a crear o fortalecer vínculos entre profesionales/docentes de distintas organizaciones estatales y de la sociedad civil, en torno a la  defensa del derecho a la alimentación digna. Con el aporte financiero del proyecto se mejora la infraestructura, equipamiento, se garantizan los traslados, se realizan capacitaciones y actividades de intercambio, se producen materiales didácticos. Para superar el aislamiento de las organizaciones se crean espacios de articulación entre pobladores y dichas organizaciones: Centros de Promoción de Huertas Orgánicas familiares, Red de Viandas y Comedores, posteriormente una Unidad Demostrativa de Producción de kéfir.   

A diez años, podemos comprobar de qué manera a partir del estallido de diciembre del 2001 en los años subsiguientes se produjeron diversas medidas tanto a nivel local como nacional.

A nivel nacional se sanciona en mayo de 2003 la Ley 25724 de creación del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), también conocido por su nombre “El hambre más urgente”, bajo el paradigma de la crisis, el hambre y la desnutrición aunque recuperando la visión de la alimentación en términos de derecho tal como el concepto de seguridad alimentaria lo propone (Madrid, 2004).

A nivel del Estado municipal, a fines de 2003 se define el área de política alimentaria dentro de la estructura de la Secretaría de Desarrollo Social en un intento por organizar respuestas específicas. Esta decisión política de la gestión municipal sobre la asistencia alimentaria, en lugar de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, procura restar protagonismo a estos servicios alimentarios que habían dado respuesta -aunque no fuese la mejor- en el momento más crítico.

La UNICEN crea los programas institucionales, dentro de los cuales uno específico aborda la problemática alimentaria con un objetivo específico de brindar apoyo a los proyectos integrados de investigación y desarrollo, que articulan el trabajo de distintas unidades académicas de la universidad con el sector público y la sociedad civil.

En resumen, estos procesos nos muestran la dinámica de la sociedad, en la cual el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 así como las múltiples formas de organización y luchas sociales, generan ciertos cambios cualitativos en las políticas públicas. En la medida que se desarticulan las organizaciones y disminuyen las demandas colectivas el financiamiento público se restringe y/o se redirecciona.

En ese sentido, el papel de la universidad pública requiere el desarrollo de experiencias autónomas  para la formación de profesionales críticos donde la extensión debe dejar de ser una actividad periférica en la política universitaria.

Bibliografía

MADRID, Liliana. Abordaje Socio Cultural de la desnutrición infantil. Vivencias y experiencias de unidades domésticas en la ciudad de Tandil. Tesis de Maestria, FTS-UNLP. La Plata, MIMEO, 2010.
MADRID, Liliana. Estrategias Familiares y Seguridad Alimentaria. Tesis de grado en Trabajo Social. FCH – UNICEN. Tandil: MIMEO, 2004.
MALLARDI, Manuel La relación Estado-organizaciones de la sociedad civil de origen católico en al gestión de servicios sociales. Tesis de Maestría en Trabajo Social. UNLP, 2009.
OLIVA et all. Informe Relevamiento de servicios alimentarios y relevamiento nutricional, Tandil: GIyAS, 2004.

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