La Argentina del Bicentenario frente a la cuestión migratoria

La problemática migratoria internacional constituye un tema recurrente en las grandes cadenas de comunicación global: la explosión de inmigrantes indocumentados, las tragedias humanas en fronteras marítimas y terrestres, las colas de solicitantes de asilo en las puertas de la Unión Europea, son noticia de todos los días. Lo que generalmente no transmiten los medios -o al menos la gran mayoría- es que estos hechos son consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados, un intento absurdo de criminalizar desplazamientos humanos que escapan del hambre, las guerras, las desigualdades, la falta de oportunidades, y que a veces coincide con una demanda de mano de obra barata del sector empresarial de estos países que, en sentido opuesto, alienta los movimientos.

La obstaculización a la migración y penalización de su consecuente forma clandestina, apoyada en argumentos que estigmatizan al inmigrante y lo acusan de los distintos problemas que afrontan las sociedades de acogida (desempleo, inseguridad, saturación de los servicios sociales), se ha impuesto como la modalidad predominante de política migratoria en el mundo contemporáneo. La construcción del muro en la frontera mexicano-estadounidense o la Directiva de Retorno europea, constituyen ejemplos elocuentes.

Considerando este escenario internacional, vale preguntarse cuál es el comportamiento del Estado argentino frente al fenómeno migratorio internacional. Es sabido que Argentina ha sido un receptor histórico de flujos migratorios internacionales y que no ha abandonado tal condición, recibiendo actualmente un importante aporte inmigratorio de origen mayoritariamente latinoamericano. No obstante, muy poco se sabe en la actualidad sobre la opción política que se está escogiendo en este plano, un tema aparentemente marginado por los medios de comunicación a nivel nacional, sobre el cuál vale la pena reflexionar.

A pesar de la tradición de política migratoria de puertas abiertas que caracterizó históricamente al país, en el último cuarto del siglo XX Argentina también fue escenario de algunas de las prácticas que actualmente predominan en muchos países desarrollados: persecución de inmigrantes indocumentados durante la última dictadura militar; trabas administrativas y discriminatorias hacia los extranjeros latinoamericanos para lograr la radicación; estigmatización social del inmigrante limítrofe desde distintos sectores sociales, y proliferación de mitos como el de “la invasión de inmigrantes de países vecinos”, “los extranjeros que nos vienen a robar el trabajo”, “los inmigrantes que saturan nuestros hospitales”, “los extranjeros que incrementan los niveles de delincuencia en el país”; mitos que fueron derribados por distintas investigaciones que demostraron su invalidez, pero que, a pesar de ello, constituyeron el sustento de la política migratoria de los años 90’.

La forma en que el Estado argentino hizo frente a la problemática migratoria nacional durante el último cuarto de siglo, trajo aparejado un incremento notable del número de extranjeros latinoamericanos indocumentados, favoreciendo distintas formas de abusos (explotación laboral, tráfico y trata de inmigrantes, discriminación y agresiones xenófobas, entre otros).

Frente a este panorama, vale preguntarse cómo enfrenta el reto migratorio la Argentina del Bicentenario.
Precisamente basándose en realidades y no en mitos. La política migratoria argentina ha dado un vuelco considerable a partir del año 2003, con un diseño dirigido a actuar sobre “el gran problema migratorio” de los últimos años: la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los inmigrantes latinoamericanos -principalmente limítrofes-, como consecuencia de su condición ilegal. En tal sentido, los ejes centrales de este nuevo paradigma son:

- Derechos humanos.
El respeto de los derechos humanos de la población extranjera constituye el eje central de la nueva ley de migraciones N º 25.871 (sancionada en 2003), que garantiza a la población extranjera toda una serie de derechos que antes les eran negados: desde el esencial derecho a migrar, hasta el derecho al reagrupamiento familiar, pasando por la igualdad de oportunidades y de trato del que gozan los nacionales; el libre acceso a los sistemas de educación y salud pública -independientemente de la condición legal-; el derecho al debido proceso en situaciones de detención y deportación, entre otros.
En rigor, a diferencia de la normativa precedente -sancionada durante el Proceso- que violaba los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ésta ha sido elaborada sobre la base de estos últimos. Además, la firma y ratificación del único tratado internacional de protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, se ha vuelto un gran aporte en esta misma línea.

- Una perspectiva regionalista que instala por primera vez en la historia de la política migratoria nacional una discriminación positiva a favor de los extranjeros procedentes de la región (de países miembros y asociados del Mercosur), a quiénes se les ofrece las mayores facilidades para acceder a la residencia legal.
En este marco, un fuerte espíritu integracionista instala el objetivo de avanzar hacia la libre circulación de personas en el Mercosur, perfilándose el Estado argentino como el promotor de dicha meta.

- La legalidad.
A diferencia de lo que significó la antigua normativa migratoria que convertía al trámite de radicación en una misión prácticamente imposible y sumamente costosa, la actual legislación pretende revertir esta situación incentivando a los extranjeros a que ingresen, residan y trabajen en la Argentina dentro de un marco de legalidad. Este principio se reforzó con un programa inédito en el país y la región dirigido a regularizar la situación de todos los inmigrantes “sin papeles” procedentes de país miembros y asociados del Mercosur, rigiendo actualmente el criterio de nacionalidad Mercosur que garantiza por ley dicho derecho.

En efecto, puede afirmarse que en la actualidad Argentina ha implementado una política migratoria que, aunque con varios desafíos pendientes, se corresponde y se acerca a la realidad de los flujos migratorios en el país y a la realidad del contexto regional. La sanción de una nueva norma migratoria era una verdadera deuda de la democracia y la regularización de la población latinoamericana sin documentos, el primer desafío a enfrentar para transformar la situación de esta población.
En un contexto internacional en el cuál se ha instalado el cierre unilateral de fronteras a la inmigración en los principales destinos del mundo, apostar a un regreso a la tradición aperturista, pero fundamentalmente al incremento de derechos para la población extranjera, adquiere considerable relevancia.

Ahora bien, una política migratoria no transforma por sí sola la realidad de la población inmigrante, la sociedad tiene mucho que ver en esto; pero también es cierto que la mirada del Estado sobre la inmigración influye definitivamente sobre la de los habitantes, y existen testimonios claros en nuestra historia que lo confirman. Es en este sentido que Argentina ha dado un paso importante, transformando desde arriba la mirada sobre el inmigrante y la inmigración. Habrá que ver como evoluciona este proceso que ha generado desde el inicio enormes expectativas…

© Todos los derechos reservados.