El trauma por la violación de los derechos humanos y la crisis económica como constantes
El 10 de diciembre de 1983, con la asunción presidencial del Dr. Raúl Alfonsín, el país ingresó en la etapa democrática que se proyecta hasta nuestros días. El análisis de las vicisitudes de este proceso histórico condicionado por el trauma de la violación a los derechos humanos y la recurrencia en crisis económicas, constituye el objeto de este breve ensayo.
El triunfo de la UCR en las elecciones de octubre puso fin a la última dictadura militar que había tomado el poder en marzo de 1976, anulando la vigencia de los derechos civiles y políticos del conjunto de los ciudadanos, en su afán de reeducar a la sociedad sobre patrones culturales que lograran revertir la liberalización de las costumbres y la actitud crítica frente a la realidad. Por encima de esto, el hecho más aberrante lo constituyeron las violaciones a los derechos humanos sobre quienes ese proyecto político consideró el espectro de sus enemigos, genéricamente denominados subversivos, entre los que consideraron a los grupos armados que habían atacado el orden establecido y a sus presuntos aliados políticos e ideológicos. Para 1983, el desgaste político interno y el descrédito internacional de los militares argentinos era muy grande. Su fracaso era inocultable: los crímenes, la debacle económica, la desaparición del derecho y la entronización de la arbitrariedad, la guerra perdida y el aislamiento mundial, constituían los rasgos más salientes de su actuación.
Esa situación que ya había comenzado a ser visible desde al menos un año atrás, nos lleva a pensar en la racionalidad y el éxito del discurso político de Raúl Alfonsín en esa coyuntura electoral, el antimilitarismo, la promesa de restauración del estado de derecho y la reivindicación de la democracia y de los derechos humanos. Ese discurso contuvo también, una acusación al peronismo, el “pacto sindical-militar”. Más allá de la eficacia o no de la misma, el peronismo que seguía arrastrando la crisis que lo había desangrado, entre 1973 y 1976, resultó por primera vez derrotado en una elección limpia, lo que dio un cariz especial a la inauguración democrática.
El gobierno democrático afrontó dos frentes conflictivos, la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, que involucró a la corporación militar y culminó con el juicio a las Juntas Militares y a las organizaciones guerrilleras. Esa primera forma de tratamiento del tema, denominada “teoría de los dos demonios”, constituyó la condena de la violencia política como negación de la democracia. El segundo tema, fue el intento de modificar por ley el sistema de representación electoral en la CGT, para garantizar la presencia de las minorías, que lo enfrentó al sindicalismo peronista.
Durante los años de Alfonsín se produjo la democratización y liberalización de la sociedad y también de los partidos políticos, visible en un conjunto de leyes, pero también de actitudes, por primera vez, quizás desde los ’30, se reconocía el derecho a gobernar de quien había ganado la elección. Pero la profunda crisis económica que la gestión no logró revertir y llevó al colapso del Estado, abrió el camino para el retorno del peronismo en 1989. Con la presidencia de Carlos Menem, el histórico movimiento rompió con algunas de sus más caras tradiciones, el antiimperialismo y el estatismo. La nueva gestión orientó todas sus energías a resolver la crisis económica y del Estado y produjo una fuerte concentración del poder presidencial, en un contexto mundial que asistía al derrumbe de la Unión Soviética y a una ola de optimismo sobre las potencialidades del capitalismo y la globalización, que internamente fueron interpretados por los sectores más politizados, como un proceso de desideologización y apatía hacia lo social y lo público.
La resolución de la crisis llevó casi dos años. Las medidas internas que apuntaron a eliminar la inflación y desmantelar el Estado empresario, tuvieron un efecto político positivo para el gobierno que abogó por la reconciliación nacional luego del último levantamiento militar de fines de 1990, decretando indultos a los militares y guerrilleros, condenados por la justicia durante el gobierno de Alfonsín. En 1995, Reforma Constitucional mediante, el doctor Menem fue reelegido presidente, por un período de cuatro años. Su segunda gestión siguió los lineamientos económicos de la primera, y debió afrontar el impacto de las crisis internacionales, con subas en los índices de desempleo y deterioro empresarial. Desde lo político, las denuncias por corrupción y los escándalos deterioraron su imagen, siendo derrotado en las elecciones de 1999, por una alianza circunstancial, constituida por la UCR y sectores peronistas críticos que llevó a la presidencia al Dr. Fernando De la Rúa. Las bases de la Alianza eran endebles, construida sobre estructuras partidarias débiles, carecía de consenso programático, más allá de las consignas anticorrupción y de garantizar la continuidad de la política económica, dificultada por el peso de la deuda externa. Las disidencias internas resultaron paralizantes y llevaron a un enorme deterioro de la figura presidencial. La necesidad de implementar medidas económicas drásticas llevó al colapso político a éste y con él al de la clase política en su conjunto. Ello se sintetizó en la consigna movilizadora de 2001: “Que se vayan todos”. Fue el momento de mayor incertidumbre para la democracia. La crisis institucional inédita, plasmada en las efímeras presidencias que trataron de salvar la continuidad constitucional recién se estabilizó con la asunción de Eduardo Duhalde que rompió con la política económica menemista.
La salida electoral de 2003, en un contexto de gran dispersión, llevó a Néstor Kirchner a la presidencia que inspirado en el peronismo clásico, retomó los principios antiimperialista y estatista en materia económica, la bandera de la justicia social como consigna rectora y el presidencialismo fuerte en lo político. Con esas herramientas afrontó la crisis y transformación de la economía.
La novedad introducida en esta etapa que se proyecta hasta el presente, luego de las dos gestiones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, fue el fuerte impulso a la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos y la rehabilitación política de quienes fueron sus víctimas, condenando la “teoría de los dos demonios” que fue su concepción inicial. El trauma con que había nacido la experiencia democrática., siguió pesando sobre la política argentina.
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