El impacto de la última dictadura sobre la cultura (1976-1983)
En Argentina, las transformaciones que trajo aparejada la modernidad, especialmente en la década de 1960, debieron convivir con el tradicionalismo ligado a las intervenciones autoritarias operadas desde el campo de poder.
Así, no todas las políticas y prácticas ejercidas sobre el campo cultural por la última dictadura militar eran novedosas. En principio, se observan continuidades con acciones implementadas por el gobierno militar anterior (1966-1973), especialmente el uso de la censura sobre obras y artistas que pudieran afectar a la civilización occidental y cristiana. Por ejemplo, la clausura de la revista humorística Tía Vicenta (1966); la prohibición de la ópera Bomarzo de Mujica Lainez y Ginastera (1967); o del film Teorema de Pier P. Pasolini (1969), entre los más significativos. A pesar de la represión estatal, numerosos cuestionadores del régimen militar de 1966 se las ingeniaron para exponer sus ideas, como lo muestran las numerosas exhibiciones clandestinas en fábricas y clubes barriales del largometraje La hora de los Hornos de Getino y Solanas. Aunque el gobierno militar de 1966-1973 fue autoritario, experiencias como la ya citada o la pervivencia de las actividades artísticas de vanguardia que se realizaron en el Instituto Di Tella entre 1965 y 1970, cuando finalmente fue cerrado por el presidente de facto Onganía, revelan un régimen militar menos autoritario que el que se impondría a partir de 1976.
Es importante remarcar que algunas políticas que afectarían al campo cultural se iniciaron antes. Otro ejemplo de ello lo encarnó el censor Miguel Paulino Tato, cara de la censura durante el Proceso pero que era el responsable del Ente de Calificación Cinematográfica desde agosto de 1974, siendo uno de los pocos funcionarios del gobierno peronista que continuó en su cargo tras marzo de 1976. También desde mucho antes canceló permisos de exhibición otorgados en 1973 por Octavio Getino, anterior presidente del Ente.
Producido el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, la Junta Militar señaló entre sus objetivos básicos sostener la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino. Para ello, se debían atacar las causas que favorecían la existencia de la subversión, enemigo cultural que se debía acabar.
Debido a las disparidades, arbitrariedades e irracionalidades presuntas observadas en las obras o artistas censurados desde marzo de 1976, (1) se consideró que los militares habían carecido de una estrategia orgánica respecto al campo cultural. Pero su proyecto refundacional del país sí incluía a la cultura. La confirmación documental de una estrategia con ese fin apareció en marzo del año 2000, al encontrarse en el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) documentos secretos y reservados de la Dictadura sobre la represión ilegal. Algunos de esos documentos fueron publicados en el año 2002 en la investigación de Hernán Invernizzi y Judith Gociol Un golpe a los libros (Buenos Aires, Eudeba).
El documento más relevante es el Informe especial número 10, elaborado por el Estado Mayor del Ejército en octubre de 1977. Allí se concebía a la cultura argentina como producto del legado recibido de la cultura hispano-americana, que a partir de la emancipación se habría desarrollado hasta adquirir su fisonomía. Eran sus mejores valores espirituales lo que amenazaba la subversión con la intención de obtener su desintegración y reemplazarla.
Para afrontar el problema se puso en funcionamiento una estructura en la que el Ministerio de Cultura y Educación debía dirigir el proceso cultural, mientras que el Ministerio del Interior debía ocuparse de los medios de comunicación. Bajo la conducción del general Harguindeguy, fue la Dirección General de Publicaciones dependiente del Ministerio del Interior la agencia especializada en el control cultural. Centralizó a nivel nacional el control sobre las actividades culturales. Además del comportamiento de los medios de comunicación, también se vigilaba la programación radial, televisiva y cinematográfica; y comisiones de seguimiento de los textos escolares. (2)
Identificado el enemigo cultural, después se daba paso a la acción. La misma podía ir desde ejecutar la acción represiva por medio de normas públicas para censurar libros, películas o revistas. Pero cuando se trataba de artistas, editores, directores de cine, intelectuales, etc., la tendencia era su inclusión en una lista negra, recomendaciones verbales; o la detención, tortura y/o desaparición. Hubo obras y autores analizados que fueron considerados no marxistas o que no contradecían a la Constitución Nacional. Lo cierto es que la amplitud de los materiales analizados por los servicios de inteligencia no tenía límites establecidos: todo tipo de expresión cultural y comunicacional podía ser analizado, en tanto debía defenderse los valores occidentales y cristianos bajo los cuales se formarían las futuras generaciones. (3)
Para la escritora norteamericana Marguerite Feitlowitz, el gobierno de facto ejerció la violencia tambien desde la palabra. Los integrantes de la Junta militar encadenaron una catarata permanente de discursos, proclamas y entrevistas profundamente difundidas por los medios. Su estrategia fue apelar a los rasgos retóricos que ya se conocían como el odio al enemigo, una oratoria triunfalista y una abstracción exagerada para con los conceptos simbólicos y consignas mesiánicas. La consecuencia de ello fue que la violencia ejercida con y sobre el lenguaje produjo silencio o frases hechas, por ejemplo por algo será o algo habrán hecho, que se propagaron por todo el conjunto social. Por ende, también en la mentalidad de la sociedad se operaran grandes cambios, debido a la disminución de la solidaridad, la pérdida de confianza en la acción comunitaria, la despolitización y el alejamiento de gran parte de la sociedad de los ideales de transformación revolucionaria. (4)
Aunque el accionar cultural de la dictadura tuvo la intención de actuar sobre la totalidad del campo cultural y comunicacional, tomó como espacios prioritarios determinados ámbitos del arte (el teatro, la literatura, la educación y los grandes medios de comunicación). Otros, considerados más marginales, como la historieta, el rock o el teatro independiente, fueron menos vigilados, y permitieron expresar críticas al sistema, primero veladas y luego cada vez más abiertas a medida que el Proceso se desintegraba, como lo expone la trayectoria de la revista Humor Registrado. Eso explica que a pesar del claro impacto negativo que el Proceso tuvo sobre muchos actores, espacios y expresiones culturales, nuevos canales emergieron tras el retorno de la democracia en 1983, en especial durante la primavera democrática. Poco a poco, ideas y prácticas que habían afectado a la cultura (como la censura, la confiscación, la quema, la exhibición limitada de obras, el cierre de casas editoriales; la persecución y desaparición de artistas, editores y periodistas; u otras formas de presión más sutiles), comenzaron a ser un mal recuerdo de otros tiempos.
Pero no debemos olvidarlas: casos como los de Luciano Arruga, Jorge Julio López, atentados como los de la AMIA o la Embajada de Israel, o los ataques de grupos neonazis, nos muestran a las claras que la consolidación de una cultura democrática continua estando bajo acecho de amenazas heredadas, tal vez desde mucho antes de 1976. Resolverlas debería ser nuestro reto, para que Nunca más no se transforme en una frase vacía a medida que pasen los años.
Notas:
1. A modo de ejemplo, vayan los siguientes: la censura del libro El cubismo por la supuesta apología de Cuba; la prohibición de libros de matemáticas moderna por hacer referencia a la teoría de los conjuntos; la prohibición del libro El nacimiento, los niños y el amor de A. Rosenstiehl por la forma en que se explicaba a los niños como llegaban los bebés al mundo.
2. Ernesto Torres, Bajo la sombra: las historietas y la cultura durante el Proceso de Reorganización Nacional, disponible en http://www.camouflagecomics.com/pdf/08_torres_es.pdf.
3. Idem.
4. Clarín, “También sobre las palabras la dictadura ejerció violencia”, 5 de septiembre de 1999.
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